Tegucigalpa.- Bajo la directriz del General de Brigada en retiro Walter Irán Amador Lacayo, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) impulsó una cumbre de articulación interinstitucional junto al Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) de la Policía Nacional, con el propósito de optimizar los protocolos derivados de la flamante Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas.
Durante la sesión de trabajo, los delegados estatales estructuraron mecanismos operativos orientados a refinar la trazabilidad, identificación y seguimiento judicial de las personas privadas de libertad procesadas bajo esta nueva figura punitiva, consolidando un flujo constante de intercambio informativo entre los operadores de justicia y el sistema carcelario.
Paralelamente, la administración penitenciaria ha sostenido encuentros estratégicos con diversas judicaturas para uniformar los procedimientos de custodia y supervisión de los imputados, garantizando la estricta observancia del marco normativo vigente y blindando la seguridad al interior de los centros de reclusión del país.
Estas acciones se complementan con esfuerzos dirigidos a modernizar la infraestructura carcelaria y habilitar espacios idóneos que respondan a los requerimientos actuales de contención y orden, reafirmando el compromiso estatal con el fortalecimiento integral de la institucionalidad de seguridad y justicia.
