Tegucigalpa, Honduras
Según el informe anual de Amnistía Internacional (AI) publicado este miércoles, miles de hondureños se vieron obligados a huir del país en 2023 debido a los altos índices de violencia, impunidad, desigualdad y pobreza, agravados por el cambio climático.
El informe destaca que al concluir el año, el estado de excepción que permitía la militarización y la restricción de derechos en más de la mitad de los municipios del país llevaba vigente más de 12 meses. Además, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos registró más de 360 denuncias contra las fuerzas de seguridad, cuestionando la necesidad y proporcionalidad de dicha medida.
AI también señaló que, pese a semanas de estancamiento, el Congreso Nacional nombró en noviembre un fiscal general interino, lo que generó críticas, y que el proceso de establecer una comisión internacional contra la impunidad con apoyo de las Naciones Unidas estaba en marcha, pero seguía pendiente al finalizar el año.
El informe resalta la llegada al país de una misión contra la corrupción y la impunidad, prometida por la presidenta Xiomara Castro, y la continuidad del proceso con las Naciones Unidas.
En junio de 2023, el Gobierno desplegó a la Policía Militar del Orden Público para controlar las prisiones tras la muerte de 46 reclusas en una prisión de mujeres cercana a Tegucigalpa.
Además, Honduras presentaba la cifra más alta del mundo de personas defensoras de los derechos ambientales y de la tierra asesinadas en relación con su población, según Global Witness. La coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña sufrió un intento de atentado, y tres personas de la comunidad de Guapinol fueron asesinadas.
AI recordó que en diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado hondureño responsable de la violación de los derechos colectivos de una comunidad garífuna.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, el gobierno autorizó el uso y la venta de la píldora anticonceptiva de emergencia en marzo, poniendo fin a 14 años de prohibición. Sin embargo, el aborto continuó estando prohibido en todas las circunstancias, y las personas LGBTI seguían sufriendo violencia y discriminación, con el matrimonio entre personas del mismo sexo aún prohibido.
Al concluir el año, las autoridades no habían adoptado un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de las personas no binarias, ordenado por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lea también:
