Tegucigalpa, Honduras
La Asociación para Una Sociedad Más Justa (ASJ) presentó en Tegucigalpa su más reciente análisis del Estado del País 2024 este martes. Según el informe, pese a una reducción del 17 % en la tasa de homicidios, Honduras sigue siendo el país más violento de Centroamérica.
El estudio, titulado “ASJ – Estado de País 2024: Seguridad y Justicia”, señala que a pesar de los esfuerzos gubernamentales y una disminución histórica en la tasa de homicidios en las últimas dos décadas, Honduras mantiene la tasa más alta de la región centroamericana, alcanzando un índice de 31.3 por cada 100 mil habitantes en 2023.
El año pasado, se registró un aumento del 24 % en los asesinatos de mujeres y una cifra preocupante de muertes violentas de personas de la comunidad LGTBIQ+.
El informe destaca que el gobierno ha continuado incrementando el presupuesto de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, a pesar de las recomendaciones de una asignación más integral para abarcar todo el sistema de seguridad y justicia del país.
Una tendencia significativa es la asignación presupuestaria: en la última década, el presupuesto destinado a la Secretaría de Seguridad ha superado en casi cuatro veces al del Ministerio Público y ha sido más del doble en comparación con los fondos otorgados al Poder Judicial.
El documento también señala una disminución preocupante en el número de policías en los últimos dos años, lo que podría afectar el cumplimiento de las metas gubernamentales en seguridad para 2026.
A pesar de la disminución en la tasa de homicidios, la percepción de inseguridad persiste entre los hondureños, con un aumento en los casos de extorsión y una baja confianza en las instituciones de justicia.
Por otro lado, se registran tasas alarmantes en casos de abuso sexual infantil, con un bajo porcentaje de denuncias resueltas, lo que refleja una tendencia creciente en la impunidad.
El sistema de justicia enfrentó numerosos desafíos en 2023, incluyendo huelgas de fiscales y críticas a las medidas contra la extorsión, lo que ha contribuido a niveles bajos de confianza en las instituciones y el desempeño policial.
ASJ ha presentado una serie de recomendaciones para abordar estos desafíos, incluyendo el fortalecimiento de la institucionalidad de los operadores de justicia y estrategias integrales para abordar la extorsión y la impunidad.
