A nivel internacional, el país sigue generando muchas dudas de cómo tratar las informaciones incómodas que van en contra de un sistema.
Tegucigalpa. Honduras continúa en la franja de países con alta restricción a la libertad de prensa. El país ocupa el lugar 16 entre 23 estados evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa.
Según la sexta edición del informe, presentada este martes, el análisis abarca del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025. El documento señala que la libertad de prensa en Honduras se mantiene en niveles críticos desde el retroceso registrado en 2023.
El informe indica que esta caída coincidió con el inicio de la gestión de la presidenta Xiomara Castro y con una crisis política en el Parlamento. Estos factores, según el organismo, han afectado el desempeño del país en materia de libertad de expresión.
Honduras obtuvo una puntuación de 35,64 sobre 100. Se trata de la calificación más baja registrada por el país en este índice. La cifra representa una caída de 4,21 puntos en comparación con el año anterior.
La SIP señala al Poder Ejecutivo como el principal foco de situaciones adversas para la libertad de expresión y de prensa. También menciona la influencia del Poder Legislativo en este escenario.
En el apartado que mide la actuación del Estado frente a la violencia y la impunidad contra periodistas y medios de comunicación, Honduras obtuvo 8,53 puntos de un máximo de 40.
En la categoría de Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse, el país alcanzó 11,33 puntos de 30 posibles. Mientras tanto, en el indicador de Control de Medios y Periodismo obtuvo 15,78 puntos de 30.
El informe también advierte que la situación se agravó durante el proceso electoral de noviembre pasado. Según el organismo, se registró un patrón diverso de agresiones contra la prensa.
Informe condena cantidad de asesinatos
El documento menciona además el asesinato de dos comunicadores. Se trata de Juan López, en diciembre de 2024, y Javier Antonio Hércules Salinas, en junio de 2025. Este último contaba con un mecanismo de protección estatal que fue considerado ineficaz.
La SIP también señala que altos mandos militares calificaron a periodistas como “sicarios de la verdad”. Además, los acusaron de supuestos vínculos con el crimen organizado.
En enero de 2025, el gremio de periodistas y comunicadores del departamento de Colón denunció que varios de sus miembros fueron falsamente vinculados con grupos criminales.
