Pese a la reducción de homicidios que logro el estado de excepción, nunca hubo un buen resultado para el flagelo de la extorsión.
Tegucigalpa. Honduras pone fin este martes al estado de excepción que se mantuvo vigente desde diciembre de 2022, una medida impulsada por el Gobierno saliente de Xiomara Castro, la cual, según las autoridades, contribuyó a la reducción de los homicidios, pero que ha sido cuestionada por sectores políticos y sociales al considerar que no logró frenar la extorsión y derivó en reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos.
La suspensión de las garantías constitucionales vence pocas horas antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno, encabezado por Nasry “Tito” Asfura, quien ha reiterado que el país “no puede continuar bajo estados de excepción permanentes” y ha planteado como alternativa el fortalecimiento de las instituciones y la generación de empleo para enfrentar la violencia y la criminalidad.
Fracaso en la reducción de la extorsión
Desde la nueva administración se sostiene que la aplicación del estado de excepción fue errónea, al considerar que la medida afectó derechos y garantías fundamentales necesarias para generar confianza e inversión, sin lograr reducir los índices de extorsión, uno de los principales problemas que motivaron su implementación.
Por su parte, las autoridades del gobierno saliente defendieron la medida, señalando que formó parte de un conjunto de acciones de seguridad, entre ellas el denominado Plan Solución contra el Crimen. Según cifras oficiales, estas estrategias permitieron reducir la tasa de homicidios de 43 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 23 en 2025.
“El estado de excepción no fue nada agradable, fracasó, y no se logró el objetivo primordial, que era el control de la inseguridad”, afirmó el diputado Carlos Umaña al ser consultado sobre la medida.
El legislador subrayó que, aunque se registró una disminución en los homicidios, delitos como la extorsión no solo no se redujeron, sino que aumentaron durante el período de vigencia del estado de excepción.
Por su parte, las autoridades del gobierno saliente defendieron la medida, señalando que formó parte de un conjunto de acciones de seguridad, entre ellas el denominado Plan Solución contra el Crimen. Según cifras oficiales, estas estrategias permitieron reducir la tasa de homicidios de 43 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 23 en 2025.
