Tegucigalpa, Honduras. – El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó que durante el gobierno anterior algunos exfuncionarios tenían asignados hasta 50 agentes de la Policía Nacional para labores de seguridad personal, un número que, según dijo, resulta desproporcionado frente a las necesidades de la población.
El funcionario explicó que la unidad especializada de seguridad para funcionarios está conformada por cerca de 1,500 agentes, muchos de los cuales han estado asignados a proteger a autoridades y exautoridades, pero que ahora se revisan esos esquemas para optimizar su uso.
Crítica a la asignación y análisis técnico
Velásquez explicó que los esquemas de seguridad deben estar basados en análisis técnicos de riesgo, no en la voluntad o pedido de quienes solicitaban protección. “Se estilaba que los funcionarios pedían 15, 20 o hasta 50 agentes”, detalló, y calificó esa práctica como una humillación para el resto de la población, que no recibe la misma protección ni atención policial.
El ministro aclaró que no puede simplemente retirar escoltas sin un estudio que respalde si la persona realmente corre un riesgo que amerite esa protección, por lo que se trabaja en revisiones para recuperar al menos el 80 % de esos oficiales y destinarlos a tareas operativas que beneficien a la ciudadanía.
Reasignación de recursos y nuevos criterios
La medida forma parte de un esfuerzo por reestructurar y redirigir la fuerza policial hacia labores de seguridad ciudadana y prevención del delito.
Aunque Velásquez reconoció que algunas figuras requieren protección especial por ley o por el nivel de riesgo que enfrentan, insistió en que las asignaciones deben ser proporcionales y justificadas técnicamente.
En ese contexto, el ministro también calificó como desproporcionada la recompensa de 35 millones de lempiras ofrecida por la Policía para localizar al exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, y afirmó que primero se deben agotar las diligencias investigativas antes de recurrir a montos tan elevados.
