Tegucigalpa, Honduras. En cadena nacional, el ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Sergio Vladimir Coello, reveló este viernes serias deficiencias administrativas y financieras en el uso del Fondo de Administración Solidaria de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), tras una auditoría ordenada por la presidenta Xiomara Castro.
El análisis se hizo en cumplimiento al plazo de 72 horas que dio la mandataria para que se rindiera un informe detallado del uso de los fondos públicos asignados a esa dependencia.
El monto total aprobado por el Congreso Nacional asciende a 950 millones de lempiras, distribuidos en los ejercicios fiscales de 2023, 2024 y 2025.
“Hemos constatado deficiencias relevantes en la información presentada, la emisión de cheques, el control interno, la ejecución y liquidación del gasto, y en general en la gestión administrativa y financiera del fondo”, señaló Coello.
Recursos eran para obras sociales y becas
El Fondo de Administración Solidaria estaba destinado a apoyar infraestructura menor, becas y proyectos comunitarios, beneficiando a patronatos, juntas de agua, alcaldías y organizaciones sociales en distintas partes del país.
Sin embargo, los hallazgos apuntan a falta de controles y supervisión adecuada. Ante esta situación, Coello anunció el despliegue de equipos técnicos para realizar verificaciones físicas de obras y beneficiarios en distintas zonas del país.
Transparencia bajo la lupa
Este informe no solo cuestiona la ejecución del fondo, sino también la capacidad institucional de SEDESOL. La Secretaría deberá ahora responder ante las observaciones emitidas y someterse a un proceso más estricto de fiscalización.
El ministro reafirmó el compromiso de su cartera para evitar la corrupción:
“Ratificamos nuestro compromiso de cumplir eficazmente nuestra misión, con firmeza y apego a la ley”, concluyó.
Este pronunciamiento se da en medio de un contexto donde el escrutinio público sobre el uso de los recursos estatales es cada vez mayor, y deja al descubierto las tensiones entre el discurso de transparencia y la realidad en la gestión pública.
