Caracas, Venezuela
El gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció el jueves la suspensión de las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela. El canciller Yván Gil ordenó a los 13 funcionarios abandonar el país en 72 horas, alegando una “actitud colonialista” por parte de la institución internacional.
Esta medida se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, particularmente tras el arresto de la abogada y activista Rocío San Miguel, vinculada a un supuesto complot contra la vida de Maduro. La Oficina del Alto Comisionado expresó su inquietud por la detención de San Miguel, calificándola como una posible “desaparición forzada” y exigiendo su liberación inmediata.
El fiscal general Tarek William Saab rechazó las acusaciones, insistiendo en la legalidad del arresto y negando violaciones al debido proceso. Organizaciones de derechos humanos y familiares de San Miguel han denunciado la falta de acceso a su defensa desde su detención el pasado viernes.
El canciller Gil acusó a la Oficina del Alto Comisionado de adoptar una postura parcializada, favoreciendo a grupos golpistas y terroristas. Estas tensiones contrastan con la visita del alto comisionado Volker Türk el año pasado, quien expresó preocupación por las divisiones en el país pero destacó la disposición del gobierno para abordar las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El acuerdo de cooperación entre Venezuela y la ONU, firmado en 2019, estableció una oficina de asesoría técnica local en Caracas.
Lea también:
