Honduras
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) anunció este viernes, en cadena nacional de radio y televisión, una serie de medidas para combatir el crimen organizado en el país. Entre las acciones más destacadas se encuentra la construcción inmediata de un centro de reclusión de emergencia entre Olancho y Gracias a Dios para trasladar a 20,000 reos de alta peligrosidad. Además, se lanzará la licitación para la construcción de una prisión de máxima seguridad en la Isla del Cisne.
Las secretarías de Seguridad y Defensa, junto a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Policía Militar del Orden Público (PMOP), deberán planificar y ejecutar intervenciones urgentes en los municipios con mayor incidencia de crímenes como sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos.
Asimismo, se anunció la captura de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras y pandillas, narcotraficantes y extraditables. También se planea recuperar espacios tomados por criminales en barrios y colonias con alta incidencia delictiva.
Las medidas tienen similitudes con las adoptadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien logró reducir drásticamente la actividad criminal, aumentando su popularidad y permitiéndole ganar la reelección y controlar el parlamento.
La junta interventora del sistema penitenciario deberá iniciar, en un plazo máximo de dos semanas, el proceso de licitación, adjudicación y construcción de la cárcel en la Isla del Cisne.
El plan contra el crimen organizado también incluye reformas al Código Penal para clasificar a pandilleros y miembros de bandas criminales como terroristas. Además, se solicitará al Congreso Nacional reformar el Código Procesal Penal para aplicar medidas de prevención a todas las personas en proceso de juzgamiento e incorporar el juzgamiento colectivo.
Se someterá a aprobación la ley de control de venta de tarjetas Sim card y chips, así como la ley de Colaboración Eficaz. También se advertirá que se cancelarán licencias de operación a las compañías de telecomunicaciones que se nieguen a cumplir el control de venta de chips.
Además, se endurecerán las penas por delitos contra la vida y la integridad física de los operadores de seguridad y justicia. Se reformará el reglamento del Banco Central de Honduras (BCH) para controlar las transferencias electrónicas atípicas relacionadas con la extorsión y secuestros.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se prepara para autorizar el uso de brazaletes electrónicos para reducir los costos de vigilancia y designará el próximo lunes 17 de junio el número de jueces y personal necesario para las operaciones de recuperación y control de zonas con mayor incidencia criminal. La Fiscalía General también deberá designar el número de fiscales para esta labor en el mismo plazo.
Estas medidas forman parte de un esfuerzo integral y coordinado para fortalecer la seguridad y combatir el crimen organizado en Honduras.
