Tegucigalpa.- En un giro significativo dentro del proceso judicial denominado “Chequesol”, el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron formalmente este lunes un cambio en las medidas cautelares para los 12 imputados que actualmente se encuentran bajo arresto domiciliario. Las autoridades acusadoras exigen que los señalados sean remitidos a centros penales bajo la figura de prisión preventiva.
Argumentos de la fiscalía y delitos imputados
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, detalló los puntos clave que sustentan esta petición durante la etapa de conclusiones de la audiencia inicial:
- Suma de delitos: El Ministerio Público sostiene la presunta comisión de al menos 67 delitos de fraude, los cuales habrían causado un perjuicio económico al Estado de aproximadamente 5 millones de lempiras.
- Riesgo de obstrucción: La parte acusadora argumenta que, debido a la gravedad de las penas y al mecanismo sistémico implementado para la supuesta defraudación, existe un riesgo latente de que los imputados obstruyan las investigaciones en curso si permanecen en sus hogares.
- Sanciones económicas: Además de la prisión, el MP y la PGR han solicitado la aplicación de multas que podrían ascender a una cantidad igual o incluso al triple del monto defraudado.
Próximas etapas y resolución judicial
Tras el cierre de los argumentos de la fiscalía, el tribunal ha establecido la siguiente hoja de ruta para definir la situación jurídica de los 12 señalados:
- Réplica de la defensa: Los nueve equipos de abogados defensores serán escuchados a partir de la 1:30 de la tarde para presentar sus propias conclusiones y rebatir la petición de prisión preventiva.
- Plazo para la resolución: Una vez finalizadas todas las intervenciones, el juez natural se tomará un periodo de dos a tres días para analizar la información y emitir el fallo correspondiente.
- Expectativa de fallo: La resolución determinará si se dicta el auto de formal procesamiento con prisión preventiva o si se mantienen las medidas actuales mientras el caso avanza hacia la etapa de juicio.
Este caso continúa bajo un estricto escrutinio público, dado que involucra la supuesta malversación de fondos destinados a proyectos sociales a través de la estructura legislativa y ejecutiva del país.
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