Tegucigalpa.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se pronunció este lunes sobre la posibilidad de aplicar la figura del juicio político contra altos funcionarios, subrayando que su rol principal será actuar como garante del respeto a la Constitución y las garantías legales. Ante las expectativas ciudadanas, el titular del Legislativo aclaró que este mecanismo no es un acto de “revanchismo”, sino una herramienta legal para deducir responsabilidades por abusos en el ejercicio del cargo.
Procedimiento y mayoría calificada
Zambrano explicó que la ruta legal para un juicio político está claramente definida en la normativa vigente y depende estrictamente del consenso legislativo:
- El peso de los votos: Para dar trámite a la admisión de una denuncia y para el nombramiento de la comisión investigadora, se requiere de una mayoría calificada de 86 votos.
- Fases del proceso: Tras la admisión, se determina la suspensión del cargo y se nombra una comisión especial encargada de realizar la investigación exhaustiva.
- Finalidad administrativa: El presidente aclaró que el objetivo no es la detención judicial, sino evaluar la conducta del funcionario para determinar si existen méritos para su destitución.
Derecho a la defensa: hasta 4 horas ante el pleno
Uno de los puntos clave destacados por Zambrano fue la protección de los derechos del funcionario señalado para evitar procesos arbitrarios:
- Presentación de descargos: La comisión investigadora tiene la obligación de citar al funcionario para que presente sus pruebas y declaraciones.
- Comparecencia ante el pleno: La ley otorga un periodo de hasta cuatro horas para que el señalado responda y se defienda directamente ante los 128 diputados.
- Sin solicitudes actuales: A pesar del debate público, el titular del Congreso informó que, hasta la fecha, no han ingresado solicitudes formales ni denuncias ante la Secretaría del Legislativo, por lo que el alcance real del proceso aún está por definirse.
“Es totalmente falso que sea para perseguir a alguien. Es para corregir y presentar un precedente legal contra los que abusaron de la Constitución y de la confianza delegada por este Congreso”, puntualizó Zambrano.
