La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó el desempeño de las instituciones de justicia durante el proceso judicial relacionado con el expresidente Juan Orlando Hernández y aseguró que el caso deja más dudas que certezas sobre la capacidad del sistema para enfrentar procesos de corrupción.
A través de un mensaje publicado tras conocerse la resolución, Castellanos recordó que el regreso de Hernández a Honduras representaba, a su criterio, una prueba para el sistema de justicia del país.
Sin embargo, consideró que el resultado de ese proceso no permite afirmar que las instituciones hondureñas hayan superado satisfactoriamente ese examen.
Castellanos cuestiona ausencia del principal testigo
Uno de los principales cuestionamientos de la directora del CNA está relacionado con la ausencia de Fernando Suárez, a quien identificó como una pieza relevante dentro de la investigación.
Castellanos señaló que el Ministerio Público debía estar preparado para presentar y sostener su acusación, por lo que consideró preocupante que el principal testigo de la Fiscalía no estuviera disponible cuando fue requerido durante el proceso.
“¿Cómo es posible que el principal testigo de la Fiscalía no estuviera disponible cuando fue requerido en el proceso?”, cuestionó.
Según Castellanos, Suárez había sido condenado en el denominado caso Pandora 1 y anteriormente había proporcionado información que, a su juicio, tenía relevancia para la investigación.
Ante su ausencia, la directora del CNA planteó varias interrogantes sobre qué información adicional podía aportar al proceso y las razones por las que finalmente no pudo comparecer.
Pregunta por qué fue puesto en libertad
Otro de los aspectos que generó dudas en Castellanos fue la situación de Suárez y las circunstancias en las que obtuvo su libertad provisional.
La directora del CNA cuestionó quién autorizó su liberación, por qué ocurrió el mismo día en que comenzó la audiencia inicial y si el Ministerio Público fue informado previamente.
Para Castellanos, estas interrogantes deben ser aclaradas por el ente acusador, al considerar que no basta con presentar un requerimiento fiscal, sino que también es necesario contar con los elementos y las condiciones necesarias para sostenerlo durante el proceso judicial.
También cuestiona decisiones del juzgado
Las críticas de Castellanos no se limitaron al Ministerio Público.
La directora del CNA también planteó dudas sobre algunas decisiones adoptadas por el juzgador, particularmente respecto a la exclusión de determinados medios probatorios que, según su valoración, podían resultar relevantes para las partes.
En ese sentido, cuestionó bajo qué criterios fueron descartadas determinadas pruebas y si era necesario que estas tuvieran una relación directa con el ADN del acusado para ser consideradas pertinentes dentro del proceso.
Castellanos reconoció que el juez tiene la facultad de determinar cuáles medios probatorios son admitidos, pero sostuvo que esto no debería impedir que la ciudadanía conozca las razones detrás de esas decisiones.
“El examen era para la justicia”
La directora ejecutiva del CNA sostuvo que el caso representaba una oportunidad para evaluar la fortaleza de las instituciones hondureñas.
A su criterio, la resolución judicial tiene un alcance estrictamente jurídico, pero el proceso también deja consecuencias desde el punto de vista institucional.
Castellanos afirmó que Honduras no puede considerar que el sistema de justicia haya salido fortalecido de este episodio y expresó preocupación por el impacto que situaciones como esta pueden tener en la confianza ciudadana.
“El examen era para la justicia”, sostuvo.
Desde su perspectiva, lo ocurrido durante el proceso no contribuye a despejar las dudas que durante años han acompañado la capacidad del aparato judicial para llevar adelante investigaciones relacionadas con corrupción cuando los señalados pertenecen a sectores de poder político.
CNA pide respuestas sobre el proceso
Castellanos consideró que las instituciones involucradas deben responder las interrogantes que han surgido alrededor del caso.
Entre los principales puntos que planteó están la ausencia del testigo de la Fiscalía, las circunstancias de su libertad provisional y las decisiones relacionadas con la admisión o exclusión de pruebas.
La directora del CNA sostuvo que explicar estos aspectos es necesario para evitar que el proceso deje una mayor percepción de desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Su pronunciamiento se suma a las reacciones generadas tras la resolución judicial en el caso que involucra al expresidente Juan Orlando Hernández.
