Tegucigalpa, Honduras
El estado de excepción en Honduras, una medida que ha sido prorrogada en ocho ocasiones desde finales de 2022 con el objetivo de combatir la violencia en el país, ha suscitado preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos, según activistas y analistas que exigen su derogación.
Las cifras de violencia en Honduras siguen siendo alarmantes, y el estado de excepción, prorrogado hasta el 5 de julio, “no ha podido disminuir” los homicidios y otros delitos, subrayó la activista hondureña Hedme Castro en declaraciones a EFE.
El uso prolongado del estado de excepción “es una violación a los derechos humanos”, ya que la medida suspende algunas garantías constitucionales, lo que estaría siendo utilizado para criminalizar a las personas más pobres, señaló Castro.
Ella es directora de la ONG Asociación para una Ciudadanía Participativa, una organización con más de dos décadas de trayectoria en la defensa de los derechos humanos en Honduras.
Castro argumenta que las autoridades deben buscar alternativas que permitan garantizar la seguridad de la población sin recurrir a medidas extremas que vulneren los derechos humanos. La activista exigió la derogación del régimen de excepción en Honduras, donde organizaciones registraron en 2023 siete casos de desaparición forzada, cinco ejecuciones extrajudiciales, cuatro de tortura y tratos crueles, y uno de violencia sexual.
Desde su implementación el 6 de diciembre de 2022, se han contabilizado “alrededor de 500 quejas contra policías”, según el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez. Sin embargo, Sánchez defendió la medida, argumentando que ha permitido la incautación de más de 8,700 armas de fuego y la reducción de homicidios en un 22%.
La prolongación del estado de excepción y las denuncias de abusos han generado un intenso debate sobre la efectividad y los costos en términos de derechos humanos de esta política de seguridad. La presión por parte de organizaciones de derechos humanos y activistas como Hedme Castro sigue en aumento, demandando soluciones más equilibradas y respetuosas de los derechos de la ciudadanía.
