Tegucigalpa.- En una demostración de urgencia y reclamo cívico frente a las instalaciones del máximo tribunal de la República, un grupo de exempleados del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSEP) se ha apostado este lunes para exigir la resolución definitiva y el desembolso correspondiente al ajuste por Índice de Precios al Consumidor (IPC), un derecho económico que aseguran les ha sido retenido de manera injustificada.
Los manifestantes, entre los que figuran adultos mayores que portan bastones y pancartas, denunciaron que durante años se les han vulnerado sistemáticamente sus prerrogativas laborales, acumulando demandas pendientes por reintegros y reajustes salariales que continúan sin recibir una respuesta favorable por parte de la administración pública.
Durante la protesta, los afectados explicaron que el expediente judicial referente al IPC transitó de la Sala de lo Civil hacia la Sala de lo Constitucional, quedando el futuro de los pagos condicionado a un fallo definitivo que esperan destrabe los recursos económicos correspondientes al periodo comprendido entre 2013 y 2022 para unos 750 extrabajadores.
Voceros de los manifestantes hicieron un llamado enérgico a los magistrados del Poder Judicial para agilizar el proceso legal, enfatizando que muchos de los beneficiarios son personas de la tercera edad cuya subsistencia depende directamente de la compensación salarial acumulada a lo largo de su trayectoria institucional.
La movilización refleja la profunda tensión existente entre los extrabajadores y las instancias judiciales, evidenciando la necesidad urgente de resolver los pasivos laborales pendientes para garantizar el respeto irrestricto a los derechos consagrados en el marco legal del país.
