El exfiscal general de la República, Johel Zelaya, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la Ley del Juicio Político, argumentando que esta normativa violenta varios artículos fundamentales de la Constitución.
Según el escrito presentado, la acción va dirigida contra el artículo 234 de la Constitución y contra la propia ley que regula el juicio político, al considerar que contraviene los artículos 4, 90, 94 y 320, relacionados con la separación de poderes, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Zelaya cita resolución de la Corte IDH
Como sustento jurídico, Zelaya mencionó la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, donde se estableció que la creación de un régimen de remoción incompatible con la legalidad estricta y los principios de independencia judicial constituye una violación a las garantías reforzadas de los funcionarios sometidos a estos procesos.
El exfiscal argumenta que la Ley de Juicio Político configura un esquema similar, dejando a criterio del poder político la remoción de altos funcionarios sin cumplir con los estándares internacionales de protección, independencia y revisión efectiva.
El Congreso Nacional, autoridad recurrida
En el recurso, la autoridad señalada es el Congreso Nacional, institución encargada de aprobar la Ley de Juicio Político y de ejecutar los procesos que derivan en la remoción o destitución de funcionarios de alto rango.
Antecedentes: juicio político y destitución
Cabe recordar que Johel Zelaya enfrentó un juicio político promovido por el Legislativo. Aunque presentó su renuncia durante el proceso, el Congreso determinó su destitución, nombrando en su lugar a Pablo Emilio Reyes Theodore como nuevo fiscal general.
