La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) otorgará un plazo de tres meses para que los hondureños que mantienen conexiones ilegales o condiciones irregulares en su suministro puedan regularizar voluntariamente el servicio.
La medida fue anunciada por el gerente de la estatal, Guillermo Peña Panting, quien hizo un llamado a los usuarios a aprovechar este período antes de que finalice.
Durante estos tres meses, quienes decidan poner en orden su conexión podrán acercarse a las oficinas de Servicio al Cliente de la ENEE para informar sobre la situación y recibir orientación para normalizar el suministro.
De acuerdo con lo explicado por el funcionario, el período permitirá regularizar cualquier tipo de conexión ilegal sin enfrentar, durante este proceso voluntario, las acciones que posteriormente podrían aplicar las autoridades.
¿Qué deben hacer los usuarios?
Las personas que tengan una conexión irregular deberán acudir a los canales de atención de la ENEE para iniciar el proceso correspondiente.
La normativa establece que los usuarios deben eliminar la condición irregular del suministro, formalizar su relación contractual con la empresa y permitir las inspecciones técnicas necesarias para comprobar la normalización del servicio.
La estatal también mantiene habilitada su línea de atención 118 para brindar orientación a los usuarios que necesiten información sobre el proceso.
El objetivo de este período es que quienes actualmente reciben energía mediante conexiones fuera de la normativa puedan formalizar su servicio y evitar consecuencias posteriores.
¿Qué pasará cuando terminen los tres meses?
Peña Panting advirtió que, una vez concluido el período especial, las autoridades comenzarán a aplicar medidas contra quienes mantengan conexiones ilegales.
Según el funcionario, en esas acciones participarán la Policía Nacional y el Ministerio Público, además de la ENEE, y las sanciones serán más severas.
La Ley de Justicia Energética contempla que, una vez vencido el plazo de regularización voluntaria, puedan emprenderse acciones administrativas, civiles y penales contra quienes continúen con condiciones irregulares relacionadas con el suministro eléctrico.
