Tegucigalpa, Honduras – El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM), ha puesto en marcha la Operación Kanan II, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores y garantizar el cumplimiento de las normativas legales en los mercados, supermercados y centros de distribución de alimentos del país.
La operación, que comenzó este día, se llevará a cabo hasta el sábado 12 de abril y consistirá en un intensivo operativo de inspecciones para verificar los precios, la calidad de los productos de temporada, como los alimentos enlatados, y otros productos que registran mayor demanda durante la Semana Santa.
La iniciativa también incluye la supervisión de las condiciones sanitarias de los alimentos, asegurando que cumplan con las normativas de salubridad y que sean aptos para el consumo humano.
Además de los centros de distribución de alimentos, la Operación Kanan II abarcará inspecciones en diversos centros recreativos, hoteles, restaurantes, cafeterías, áreas recreativas de los hoteles, terminales de transporte público y terrestre, gasolineras y tiendas de conveniencia.
Esto busca garantizar que los consumidores, especialmente los adultos mayores, reciban un trato digno y preferencial, así como descuentos justos en sus compras.
El operativo se realiza en coordinación con varias instituciones, como la Dirección de Protección al Consumidor y Adulto Mayor, la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), la Agencia Reguladora Sanitaria (ARSA) y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), con el fin de fortalecer la vigilancia en estos sectores clave.
La fiscalía, a través de esta acción, reitera su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores, promoviendo una cultura de respeto, responsabilidad y legalidad en todos los servicios y comercios del país, con especial atención en las personas adultas mayores, un grupo vulnerable durante esta temporada.
Con la implementación de esta operación, el Ministerio Público busca garantizar que los ciudadanos tengan acceso a productos y servicios de calidad, y a precios justos, contribuyendo así a un ambiente comercial transparente y responsable.
