Honduras – El Ministerio Público ha informado que tres operadores de seguridad y justicia fueron sobreseídos de manera definitiva en un caso que los vinculaba a una organización de narcotráfico.
Los imputados son Iván Antonio Sauceda Alvarado, ex capitán de las Fuerzas Armadas; Cristian Jossualdo Morales Paz, ex suboficial de comando asignado a la Dirección de Información Estratégica C2; y Nolvia Dinora Fernández Fernández, ex receptora del Juzgado de Letras de Santa Bárbara.
Estas personas enfrentaban cargos por los delitos de asociación ilícita y concusión, pero han sido liberadas de toda responsabilidad.
Ante esta resolución, el Ministerio Público ha anunciado que presentará un recurso de apelación para revertir el fallo.
Por otro lado, el exdetective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), Heriberto Reyes Durón, y su hijo, Carlos Adolfo Sánchez Fúnez, recibieron medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva.
Reyes Durón está imputado por el delito de concusión, mientras que su hijo enfrenta cargos por aprovechamiento de secreto o información privilegiada.
En contraste, Willians René Paz Vallecillo, otro de los capturados, permanece bajo prisión preventiva por los delitos de tráfico de drogas agravado y asociación ilícita.
La audiencia preliminar para estos imputados ha sido fijada para el 11 de noviembre a las 9:30 de la mañana. Todos los acusados fueron detenidos el 20 de octubre durante allanamientos en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, Paz Vallecillo es señalado como el segundo al mando de una estructura criminal de narcotráfico liderada por Orlando Enrique Andino Rivera, alias “El Negro Volqueta”, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
Según las investigaciones, los detenidos tenían vínculos directos con el cabecilla de la organización, a quien le proporcionaban información clave sobre operativos y actividades de bandas rivales que representaban un obstáculo para sus operaciones.
Estos datos, presuntamente, eran facilitados por los militares involucrados y luego utilizados para llevar a cabo detenciones en favor de la red criminal, según las acusaciones del Ministerio Público.
