La asamblea legislativa asegura que la medida se mantendrá hasta marzo, para así poder erradicar estos grupos criminales.
El Salvador. La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialista partido Nuevas Ideas (NI), aprobó este jueves una nueva prórroga por 30 días del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 como parte de la estrategia gubernamental para combatir a las pandillas, argumentando la “persistencia de grupos terroristas” en el país.
La extensión, que corresponde al número 47, fue respaldada con 57 votos de los 60 diputados que integran el órgano legislativo y tendrá vigencia hasta el 1 de marzo del presente año.
Según el decreto leído durante la sesión plenaria, el régimen de excepción ha permitido la desarticulación de grupos armados, el debilitamiento de su accionar delictivo y la ruptura de diversas redes criminales que operaban en el territorio salvadoreño.
El documento también destaca que las autoridades continúan desarrollando, de manera ininterrumpida, una labor coordinada con Estados Unidos y otros países de la región para la captura de integrantes de estructuras criminales, pandilleros y cabecillas.
Asimismo, el decreto hace referencia al contexto regional y a los recientes hechos ocurridos en Guatemala, los cuales —según el texto— evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región y representan una amenaza para la paz, el orden y la seguridad alcanzados en El Salvador.
Se mantiene fuga de reos en Guatemala
El pasado 18 de enero, al menos 10 agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala murieron en ataques coordinados atribuidos a la pandilla Barrio 18, en represalia por la decisión de las autoridades de retirar privilegios a pandilleros recluidos en centros penitenciarios.
Desde la implementación del régimen de excepción, más de 91,000 personas han sido detenidas en El Salvador, señaladas de pertenecer, colaborar o liderar estructuras criminales.
Esta medida se ha convertido en el principal eje de la política de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele, quien mantiene altos niveles de aprobación entre la población y logró su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición establecida en la Constitución.
No obstante, el régimen de excepción ha sido duramente cuestionado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que reportan más de 6,400 denuncias, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, además de al menos 470 muertes de personas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según organizaciones humanitarias.
