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EE.UU. sanciona a 16 miembros del CNE y Tribunal Supremo de Venezuela

Venezuela – El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de sanciones contra 16 aliados del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quienes se acusa de obstruir el proceso electoral y de violaciones a los derechos humanos.

Entre los sancionados se encuentran el presidente del Tribunal Supremo, líderes de las fuerzas de seguridad y fiscales.

La medida se produce días después de que Edmundo González Urrutia, el exdiplomático que representó a los principales partidos opositores y afirmó haber ganado las elecciones del 28 de julio por un amplio margen, saliera al exilio.

Las autoridades electorales de Venezuela declararon a Maduro como el ganador de las elecciones, pero, a diferencia de comicios anteriores, no publicaron el desglose de los escrutinios, generando críticas globales por la falta de transparencia.

En respuesta a las condenas internacionales, Maduro solicitó al Tribunal Supremo, dominado por leales al partido oficialista, realizar una auditoría de los resultados.

El tribunal ratificó la victoria de Maduro, aunque expertos de Naciones Unidas y del Centro Carter, quienes observaron las elecciones a invitación del gobierno venezolano, concluyeron que los resultados carecían de credibilidad.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, condenó la situación en un comunicado, acusando a Maduro y a sus representantes de falsamente declararse ganadores mientras reprimen y intimidan a la oposición democrática.

“En vez de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes intentan aferrarse al poder a la fuerza”, afirmó Blinken.

Además de las sanciones, el Departamento de Estado impuso nuevas restricciones de visas a los aliados de Maduro, aunque no identificó a los individuos afectados.

El Departamento del Tesoro ha penalizado a más de 140 funcionarios venezolanos actuales o anteriores, y el Departamento de Estado ha identificado a casi 2,000 personas potencialmente sujetas a restricciones de visas debido a acusaciones de corrupción, ataques a la democracia o violaciones de derechos humanos.

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