
Estados Unidos – Una nueva medida anunciada por la Patrulla Fronteriza del Sector Laredo, en Estados Unidos, ha generado polémica y expectativa en Honduras: solicitantes de asilo provenientes de países latinoamericanos serían enviados y detenidos en territorio hondureño mientras esperan la fecha de su audiencia ante una corte estadounidense.
El anuncio fue difundido a través de una publicación oficial en Facebook de la Patrulla Fronteriza, donde se detalla que cualquier persona que ingrese a Estados Unidos, ya sea por un puerto de entrada o de manera irregular, y manifieste temor de regresar a su país de origen, será trasladada a Honduras hasta que se le asigne su cita judicial.
“Si entras a los Estados Unidos, ya sea en un puerto de entrada o entre puertos de entrada, y expresas temor a regresar a tu país de origen, serás enviado y detenido en Honduras hasta la fecha programada para la corte”, señala el mensaje difundido por la autoridad migratoria estadounidense.
Honduras, en el centro del debate migratorio
Hasta el momento, el Gobierno de Honduras no ha emitido una postura oficial sobre el anuncio, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre cómo se aplicará la medida, bajo qué condiciones permanecerán los migrantes y qué instituciones estarán a cargo de su custodia y atención.
No obstante, se espera que en las próximas horas las autoridades hondureñas brinden detalles sobre los acuerdos alcanzados con la administración del presidente Donald Trump, especialmente en cuanto a los aspectos operativos, legales y humanitarios del proceso.

¿Un “tercer país seguro”?
Esta decisión se vincula con un acuerdo bilateral firmado a finales de junio de 2025 entre Honduras y Estados Unidos, luego de la visita al país de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.
El documento, denominado “Acuerdo para la Cooperación en el Examen de las Solicitudes de Protección”, establece que Honduras recibirá solicitantes de refugio provenientes de Estados Unidos, contemplando inicialmente hasta 10 personas al mes durante un período de dos años, con la posibilidad de ampliar esa cifra si la demanda supera lo previsto.
El acuerdo también fija exclusiones claras: no serán enviados menores no acompañados ni personas vinculadas a delitos graves, como narcotráfico, terrorismo, trata de personas y crímenes de lesa humanidad.
En su momento, autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) explicaron que el programa está dirigido a personas a quienes se les ha negado el asilo en EE. UU., pero que deciden solicitar refugio en Honduras como país alternativo.



