La Secretaría de Educación anunció una investigación ante las denuncias de supuestos cobros no autorizados y presiones contra centros educativos públicos y privados, señalados en algunas oficinas municipales, distritales y departamentales del país.
La titular de Educación, Arely Argueta, informó que se enviarán comisiones especiales a las dependencias que han sido mencionadas en las denuncias, con el propósito de conocer lo que está ocurriendo y determinar si existen irregularidades.
El anuncio surge luego de los señalamientos realizados por Carlos Sabillón, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, quien aseguró que algunos centros estarían siendo objeto de solicitudes económicas que, según denunció, pasarían de ser colaboraciones voluntarias a convertirse en exigencias.
Argueta manifestó su preocupación por las denuncias y aseguró que la Secretaría de Educación está dispuesta a escuchar a los representantes del sector y dar seguimiento a los casos.
“Lamento la situación si está pasando”, expresó la funcionaria, al tiempo que reiteró que las autoridades mantienen abiertas las vías de diálogo con los directores de los centros educativos.
Denuncian cobros y presiones para realizar trámites
De acuerdo con Sabillón, algunas direcciones distritales estarían solicitando aportes económicos a los centros educativos bajo el argumento de que se trata de una colaboración.
El problema, según el representante del sector privado, surge cuando estas solicitudes dejan de ser voluntarias y los responsables de los centros educativos presuntamente enfrentan dificultades para realizar determinados trámites si no entregan el dinero solicitado.
Sabillón mencionó como ejemplo denuncias relacionadas con el Distrito 1, donde, según afirmó, se estaría solicitando un aporte de hasta 1,230 lempiras por centro educativo, mediante depósitos en cuentas particulares.
El dirigente aclaró que no generaliza la situación, pues reconoció que existen directores distritales que mantienen una relación adecuada con las instituciones y que solicitan apoyo de manera voluntaria.
Sin embargo, cuestionó aquellos casos en los que, según sus denuncias, los centros educativos podrían enfrentar consecuencias administrativas por negarse a entregar dinero.
“Eso ya se convierte casi en una extorsión”, denuncia Sabillón
El presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas aseguró que ha recibido información sobre casos en los que supuestamente se condicionan procesos administrativos.
Entre las situaciones mencionadas se encuentran posibles amenazas relacionadas con la aprobación de documentación, horarios y nóminas, además de señalamientos sobre la supuesta pérdida o retraso de documentos.
Sabillón calificó este tipo de prácticas como una situación grave y afirmó que, cuando una institución es presionada para entregar dinero a cambio de facilitar trámites, la situación puede adquirir características similares a una extorsión.
Los señalamientos, según indicó, no estarían limitados a un solo sector del país. Mencionó casos que habría conocido en El Paraíso, Choluteca, Cortés y Francisco Morazán.
No obstante, corresponde a las autoridades determinar mediante las investigaciones si los hechos denunciados ocurrieron y establecer las responsabilidades que correspondan.
También surgen señalamientos relacionados con los desfiles patrios
Otro de los puntos mencionados durante las denuncias tiene relación con la participación de los centros educativos privados en los desfiles patrios.
Sabillón señaló que existe una normativa publicada en el diario oficial La Gaceta que establece el proceso de inscripción para los centros que decidan participar en estas actividades.
En ese contexto, cuestionó los casos en los que las instituciones pudieran sentirse presionadas a entregar dinero o participar bajo algún tipo de condicionamiento.
Ante estos señalamientos, la secretaria de Educación rechazó que exista una disposición para imponer cobros o sanciones económicas a los centros privados que decidan no participar en los desfiles.
Educación niega multas por no participar
Arely Argueta fue enfática al asegurar que la participación en los desfiles patrios es voluntaria y que la Secretaría de Educación no está imponiendo multas a las instituciones que decidan no participar.
La funcionaria también negó que existan cobros vinculados con esa decisión.
“No estamos cobrando ningún tipo de dinero, ni con multas, ni estamos sancionando”, afirmó.
La aclaración se produce en medio de las denuncias planteadas por el sector privado, que ha solicitado que se revisen las actuaciones de determinadas dependencias educativas.
