La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturó al salvadoreño Manuel Alberto Coto Barrientos, señalado como responsable de un desfalco de 35 millones de dólares, junto a un presunto traficante de personas.
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La importante captura fue ejecutada por especialistas de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) en apoyo con policías del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), quienes se desplazaron hasta la ciudad de Choluteca, donde lograron ubicar y capturar a los sospechosos.
Coto Barrientos, cuenta con una notificación roja emitida por INTERPOL a solicitud de las autoridades de El Salvador. Además, posee una orden de captura vigente por parte del Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado Despacho Dos de San Salvador, emitida el 20 de mayo de 2024.
Los cargos en su contra incluyen defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, así como pertenencia a agrupaciones ilícitas, en perjuicio del orden socioeconómico, múltiples víctimas subsidiarias y la paz pública.
Durante su gestión como gerente general de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI) en marzo de 2012, la cooperativa experimentó un crecimiento acelerado.
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Sin embargo, las investigaciones indican que, tras tres años de operaciones, se comenzaron a desviar fondos hacia cuentas personales de altos funcionarios de la cooperativa, por la cantidad de 35 millones de dólares, que fueron sustraídos periódicamente y de manera ilícita.
En la misma operación que condujo a la captura de Coto Barrientos, las autoridades también arrestaron a Juan Antonio Torres Varela, un nicaragüense de 29 años, quien se dedicaba al tráfico de personas y estaba encargado de facilitar la huida de Coto Barrientos hacia los Estados Unidos para evadir la justicia.
Durante su arresto, a Torres Varela se le incautaron diecinueve mil setecientos córdobas (C.19,700.00), cuatrocientos setenta dólares ($470.00) y un teléfono celular.
De esta manera el ciudadano nicaragüense enfrentará cargos por el delito de tráfico ilícito de personas.
Esta operación resalta el compromiso de las autoridades hondureñas y salvadoreñas en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la región.
