Tegucigalpa, Honduras
Un juez con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Criminalidad Organizada y Corrupción ha dictado el cambio de medidas distintas a la prisión preventiva para el coronel José Rodimiro Arita, jefe del Centro Penitenciario de Morocelí (La Tolva).
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), acusa al coronel Arita de los delitos de lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios.
La acusación del Ministerio Público se basa en diligencias investigativas que vinculan al coronel Arita con la supuesta colaboración con maras y pandillas para la introducción de dinero en efectivo al centro penal.
Según el expediente, el director de La Tolva fue detenido el pasado 14 de diciembre de 2023 en posesión de 445 mil lempiras en efectivo, presuntamente destinados a los reclusos de la pandilla 18.
Tras su detención, un equipo especializado del Ministerio Público investiga el origen del dinero, quién lo llevó al centro penal, a quién iba dirigido y si se pretendía lavar como producto de las extorsiones.
Como resultado del trabajo investigativo de los fiscales de la FEES-SJ, el 19 de diciembre de 2023, en audiencia de imputados, se dictó prisión preventiva para el director de La Tolva. Asimismo, el 24 de enero del presente año, se declaró sin lugar el cambio de medidas debido a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
No obstante, pese a que la defensa presentó los mismos argumentos de solicitud de cambio de medidas que fueron rechazados a principios de 2024, el juez declaró con lugar la petición y ordenó que Arita se defienda en libertad.
El Ministerio Público considera que esta resolución judicial representa un retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada, dada la gravedad de los delitos imputados al coronel y el peligro que representan los pandilleros recluidos en estas cárceles de máxima seguridad, quienes por años han tenido acceso a grandes cantidades de dinero producto de la extorsión.
Pese a la obstaculización en la impartición de justicia, los fiscales de la FEES-SJ presentarán un recurso de apelación por estar en desacuerdo con las medidas impuestas al imputado.
