Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó este martes un nuevo reglamento disciplinario que establece sanciones económicas contundentes para diputados y diputadas que generen disturbios, daños o actos de violencia durante las sesiones del Pleno.
La medida llega tras años de incidentes que han afectado el desarrollo legislativo y provocado repetidas suspensiones de jornadas.
De acuerdo con el documento oficial, cualquier congresista que provoque, realice o induzca actos violentos o que alteren el orden parlamentario será sancionado con la deducción de 15 días de salario por cada día en que ocurran estas alteraciones.
Ledezma: la nueva normativa busca preservar la dignidad del Legislativo
El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, confirmó la aprobación del reglamento y explicó que el propósito central es devolver orden y respeto al desarrollo de las sesiones.
“Este reglamento disciplinario tiene como objetivo principal preservar la dignidad y el correcto funcionamiento del Poder Legislativo, evitando que conductas inadecuadas afecten el trabajo que realiza el Congreso en beneficio de la población hondureña”, declaró.
Ledezma subrayó que la normativa se convierte en una herramienta para evitar la interrupción deliberada de debates, las agresiones verbales y físicas, y cualquier acción que ponga en riesgo el trabajo parlamentario.
Un reglamento que surge tras episodios de conflictos y descontrol
La aprobación se da en un contexto marcado por repetidos enfrentamientos entre bancadas, lanzamiento de objetos, gritos, empujones y múltiples suspensiones de sesiones debido al desorden dentro del hemiciclo.
Estos episodios han generado cuestionamientos públicos sobre la falta de disciplina y la pérdida de solemnidad en el Congreso.
Con la implementación de este reglamento, las autoridades buscan establecer consecuencias económicas directas para quienes incurran en conductas disruptivas, enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad y el comportamiento exigido a los legisladores.
Disciplina interna y advertencia a futuro
El Congreso Nacional asegura que la medida no solo pretende ordenar el trabajo legislativo, sino también fortalecer la institucionalidad del poder del Estado. La sanción económica se convierte en un mecanismo para disuadir confrontaciones y garantizar que las sesiones se desarrollen sin interrupciones.
