Tegucigalpa, Honduras – La advertencia del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de suplantar diputados de oposición e instalar su propio Congreso ha provocado una fuerte reacción por parte de legisladores opositores y expertos en derecho constitucional, quienes califican la propuesta como un atentado contra la institucionalidad del país.
Durante una cadena nacional transmitida la noche del lunes, Redondo afirmó que recurrirá al artículo 197 de la Constitución para proceder con la suplantación de curules, en un intento por romper el estancamiento legislativo provocado por la ausencia de diputados de la oposición.
La respuesta no se hizo esperar. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, recordó que “las amenazas de Redondo no son nuevas, ya lo ha hecho unas tres veces en el Congreso Nacional”, y reiteró que es completamente ilegal que se suplan diputados de un partido con miembros de otro.
“Jamás un diputado suplente ha ocupado el curul de un diputado propietario de otro partido político. No se puede suplantar representación legítima. Es una violación a la voluntad popular”, sostuvo Zambrano.
Por su parte, el diputado liberal Marlon Lara fue enfático en rechazar la intención de Redondo, asegurando que sus acciones “atentan contra la Constitución y las leyes de Honduras”.
Además, subrayó que la mayoría del Congreso está conformada por la oposición. “Mañana estaremos en nuestros curules. La insurrección legislativa continuará, pero vamos a cuidar nuestros espacios para que no sean suplantados”, advirtió.
La abogada constitucionalista Ruth Lafosse también se pronunció y calificó como “un uso peligroso” la interpretación del artículo 197. “Una mala aplicación del artículo podría paralizar el Congreso desde la presidencia misma, y no a causa de la oposición”, dijo.
El artículo en cuestión establece que los diputados están obligados a asistir a todas las sesiones del Congreso, y que la inasistencia injustificada puede derivar en la pérdida del cargo y la inhabilitación por diez años para optar a cargos públicos.
Sin embargo, Lafosse alertó que este precepto no puede ser utilizado como “una herramienta política de persecución”, sino como una vía para garantizar el funcionamiento democrático del Legislativo.
