Un informe revela que estas demandas siguen bajo revisión del departamento legal de la municipalidad sampedrana.
San Pedro Sula. Las demandas laborales presentadas en los últimos cinco años han provocado un fuerte impacto en las finanzas municipales, con obligaciones que superan los 550 millones de lempiras que la alcaldía deberá pagar.
Ante esta situación, la Corporación Municipal analiza la posibilidad de acogerse al decreto legislativo que contiene la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, con el objetivo de aplicar medidas que ayuden a enfrentar el creciente gasto derivado de litigios laborales.
De acuerdo con un dictamen técnico-financiero que será presentado ante la corporación, el aumento del gasto está relacionado con el cumplimiento de obligaciones derivadas de demandas, sentencias judiciales, conciliaciones y liquidaciones laborales.
El análisis realizado por las Gerencias Legal y Financiera indica que entre 2022 y 2026 se registró un gasto acumulado de 553,275,952.26 lempiras. De ese total, 160,590,222.17 lempiras corresponden a pagos por salarios dejados de percibir en demandas laborales.
El informe señala que la tendencia del gasto es creciente y que los años 2025 y 2026 representan los períodos más críticos para las finanzas municipales.
Asimismo, el documento advierte que el aumento en los pagos indemnizatorios está reduciendo la disponibilidad de recursos para atender otras obligaciones como servicios sociales, proyectos de infraestructura, operación institucional y programas de inversión pública.
Según el informe técnico, esta situación genera una presión directa sobre la sostenibilidad presupuestaria de la municipalidad y obliga a las autoridades a evaluar medidas para disminuir su impacto financiero.
Entre las opciones que serán discutidas por la Corporación Municipal se encuentra acogerse al decreto 17-2026, que declara de interés nacional la racionalización del gasto público y autoriza a las municipalidades a aplicar medidas fiscales y financieras para restablecer el equilibrio de sus finanzas y garantizar el pago de indemnizaciones conforme a la ley.
