Tegucigalpa, Honduras – El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió sobreseer el recurso de amparo presentado contra el estado de excepción que permaneció vigente durante más de tres años en Honduras, medida aplicada durante la administración de la presidenta Xiomara Castro.
La resolución se adoptó luego de una amplia discusión entre los magistrados, quienes analizaron el recurso que solicitaba suspender el decreto que restringía garantías constitucionales, especialmente en el contexto del proceso electoral.
Según lo conocido, la decisión se tomó con base en el artículo 46 de la Ley de Justicia Constitucional de Honduras, que establece los criterios para resolver este tipo de recursos cuando ya no es posible pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Tres posturas dentro del pleno de magistrados
Durante la deliberación surgieron tres posiciones distintas entre los integrantes del pleno. Una de ellas planteó sobreseer el estado de excepción de forma directa, sin emitir mayores argumentos jurídicos adicionales, únicamente resolviendo el amparo presentado. Esta postura obtuvo seis votos.
Sin embargo, la mayoría de los magistrados optó por sobreseer el recurso de manera concurrente, es decir, acompañando la decisión con razonamientos jurídicos que explican el contexto del caso y las posibles afectaciones a derechos fundamentales ocurridas durante la aplicación del estado de excepción.
En total, 13 magistrados coincidieron en cerrar el recurso, al considerar que ya no era posible resolver el fondo del amparo debido a que los efectos de la normativa cuestionada ya habían expirado.
Señalan posibles violaciones a derechos
De los 13 magistrados que votaron por cerrar el caso, siete lo hicieron mediante voto concurrente, con el objetivo de dejar constancia de sus argumentos sobre las posibles violaciones a derechos humanos y la restricción de garantías constitucionales que, según su análisis, se produjeron durante la vigencia del estado de excepción.
Con este tipo de voto, los magistrados buscan dejar un marco explicativo que permita entender por qué, pese a cerrar el proceso judicial, consideran necesario señalar que pudieron haberse cometido actos que vulneraron derechos fundamentales.
La intención, según trascendió, es evitar que el cierre del caso sea interpretado como una ausencia total de cuestionamientos sobre las medidas aplicadas durante ese periodo.
Magistrados expresan posiciones distintas
Dentro del pleno también hubo dos posturas particulares. Los magistrados Marvin Espinal y Walter Miranda manifestaron desacuerdo con la decisión de sobreseer el caso.
No obstante, ambos magistrados no dejaron completamente claro cuál debía ser la resolución final, tomando en cuenta que los efectos del decreto que establecía el estado de excepción ya habían finalizado, lo que jurídicamente limitaba la posibilidad de conceder el amparo solicitado.
