Tegucigalpa, Honduras – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de habeas corpus en favor de unos 6 mil privados de libertad que fueron trasladados recientemente entre distintos centros penales de Honduras por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Con esta decisión, la CSJ instruyó el nombramiento de jueces ejecutores para constatar la legalidad y condiciones en que se realizaron estos traslados, así como el respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.
Llamado a proteger la salud y dignidad de los reclusos
La subdirectora del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Alba Mejía, celebró la resolución judicial, afirmando que representa un respiro de confianza para los derechos humanos en el país.
“Sentimos que en esta Sala, los hondureños tenemos mucha confianza para atender nuestras necesidades, tanto los que estamos fuera de las cárceles como los que están padeciendo un internamiento”, expresó.
Mejía instó al INP a cumplir las recomendaciones que emitan los jueces ejecutores tras sus inspecciones, y enfatizó que el sistema penitenciario debe reforzar los servicios de salud física y mental.
“Es urgente establecer protocolos de diagnóstico en las cárceles, mejorar la formación del personal penitenciario y desarrollar políticas de desinternamiento para reducir el hacinamiento”, concluyó la defensora de derechos humanos.
Este caso reaviva el debate sobre las condiciones inhumanas que enfrentan miles de personas en los centros penales del país, donde el hacinamiento, la violencia y la falta de atención médica siguen siendo desafíos persistentes.
