Tegucigalpa, Honduras
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha determinado que el Estado de Honduras es responsable internacionalmente por la destitución arbitraria de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El 12 de diciembre de 2012, el Congreso hondureño perpetró un golpe institucional al destituir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, desencadenando una crisis en el sistema judicial del país.
Los magistrados destituidos fueron José Antonio Gutiérrez Navas (Presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel, quienes fueron removidos de sus cargos de manera injustificada.
En una decisión unánime, la CIDH ha sentenciado a Honduras a resarcir el daño causado a los cuatro magistrados, reconociendo así la violación de sus derechos fundamentales y la necesidad de reparación por parte del Estado.
La CIDH ha dictaminado que Honduras debe resarcir el daño causado a las víctimas y ha declarado la responsabilidad internacional del Estado por la violación de las garantías judiciales, los principios de legalidad e independencia judicial, así como diversos derechos políticos y laborales de los magistrados.
La sentencia de la CIDH señala que las destituciones de los magistrados fueron llevadas a cabo por una autoridad carente de competencia, lo cual constituyó una clara violación de la garantía de independencia judicial. Además, la Corte determinó que el acto de destitución fue una desviación de poder, ya que el Congreso Nacional utilizó su facultad para castigar a los magistrados por sus decisiones, ejerciendo así presión externa sobre el Poder Judicial.
La CIDH también encontró que el cese de las víctimas se realizó sin un procedimiento establecido, sin fundamentos legales claros y sin otorgar a los magistrados la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.
En consecuencia, la CIDH concluyó que Honduras violó las garantías judiciales, el principio de legalidad, así como la estabilidad laboral de los magistrados. Además, el Estado fue considerado responsable por no garantizar el derecho a la protección judicial efectiva de las víctimas.
Como parte de las medidas de reparación ordenadas por la CIDH, se exige el pago de una indemnización compensatoria a las víctimas, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y la adopción de medidas legislativas para adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares establecidos en la sentencia.
Cabe destacar que dos jueces emitieron votos concurrentes conjuntos, mientras que otros dos jueces presentaron votos individuales parcialmente disidentes.
La sentencia fue emitida por una composición de la Corte conformada por Ricardo C. Pérez Manrique como Presidente, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot como Vicepresidente, Humberto Antonio Sierra Porto, Nancy Hernández López, Verónica Gómez, Patricia Pérez Goldberg y Rodrigo Mudrovitsch como jueces.
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