El Congreso Nacional conoció dos nuevos proyectos de ley relacionados con salud mental y seguridad en centros educativos públicos, iniciativas que buscan ampliar la atención psicológica en hospitales y escuelas, además de evitar que padres de familia continúen pagando vigilancia privada en colegios y escuelas gubernamentales.
Las propuestas fueron presentadas por diputados del Partido Nacional y ahora deberán seguir el proceso legislativo correspondiente dentro de la Cámara Legislativa.
Presentan “Ley Camila” sobre salud mental
La diputada nacionalista por Choluteca, Ileana Velásquez, presentó la denominada “Ley Camila”, una iniciativa orientada a fortalecer la atención integral en salud mental en Honduras.
El proyecto plantea la creación, ampliación y asignación obligatoria de plazas para profesionales de psicología en hospitales, centros de salud y centros educativos públicos a nivel nacional.
Según explicó la congresista, la propuesta surge ante el incremento de problemas relacionados con salud mental en el país.
Más de 200 suicidios en 2025
Durante la exposición de motivos, Velásquez señaló que en 2025 se registraron más de 200 casos de suicidio en Honduras, situación que evidencia la necesidad urgente de priorizar la salud psicológica.
La diputada indicó que los trastornos depresivos y de ansiedad continúan siendo una de las principales problemáticas de salud mental en la población hondureña.
Asimismo, mencionó que muchos menores enfrentan violencia doméstica y situaciones de abuso dentro de sus hogares, factores que pueden desencadenar ansiedad, estrés y otros trastornos emocionales.
Buscan atención psicológica en escuelas
La iniciativa también pretende que estudiantes de centros educativos públicos tengan acceso permanente a profesionales de la psicología.
La diputada sostuvo que muchos jóvenes necesitan acompañamiento emocional y atención especializada para enfrentar situaciones familiares y sociales complejas.
Con la Ley Camila se busca convertir la salud mental en una prioridad dentro del sistema educativo y sanitario del país.
Proponen que Gobierno pague vigilancia escolar
Por otra parte, el diputado nacionalista por Atlántida, Remberto Zavala, presentó un anteproyecto de ley enfocado en garantizar seguridad permanente en centros educativos públicos.
La propuesta establece que sea el Gobierno quien asuma el pago de vigilantes en escuelas y colegios, eliminando esa carga económica para los padres de familia.
Actualmente, en muchos centros educativos son los propios padres quienes realizan aportes mensuales para contratar personal de seguridad.
Padres ya no asumirían el costo
Según explicó Zavala, la medida busca aliviar la economía de las familias hondureñas, especialmente aquellas que tienen varios hijos estudiando en instituciones públicas.
El proyecto también pretende garantizar vigilancia tanto en jornadas diurnas como nocturnas, además de proteger instalaciones educativas contra robos y daños.
Entre los puntos planteados se contempla:
- asignación permanente de vigilantes
- contratación formal del personal de seguridad
- cobertura en todos los centros educativos públicos
- prohibición de cobros a padres y patronatos
Buscan reforzar seguridad estudiantil
El congresista señaló que la presencia de personal de vigilancia no solo protege el mobiliario y equipo tecnológico de las escuelas, sino también la seguridad de estudiantes y docentes.
La iniciativa busca que el servicio de seguridad sea permanente y financiado directamente por el Estado.
Ambos proyectos ahora deberán ser analizados en el Congreso Nacional antes de avanzar a discusión y posible aprobación en el pleno legislativo.
