Tegucigalpa.- La comisión especial de asuntos electorales del Congreso Nacional, bajo la dirección del diputado Antonio Rivera Callejas, inició este miércoles el proceso de revisión para las reformas que regirán los comicios de 2029. Con el lema “despacio y con buena letra”, la comisión busca consensuar cambios estructurales que fortalezcan la transparencia del sistema democrático.
Temas clave en la mesa de discusión
La agenda inicial contempla reformas de alto impacto que han sido demandadas por diversos sectores de la sociedad civil:
- Ciudadanización de mesas: Buscar que los ciudadanos, y no solo los partidos políticos, integren las Juntas Receptoras de Votos.
- Segunda vuelta: Analizar la implementación del balotaje para fortalecer la legitimidad del Ejecutivo.
- Plazos del CNE: Ampliar el límite de 30 días que tiene el Consejo Nacional Electoral para emitir la declaratoria oficial de resultados.
- Diputados por distrito: Una propuesta para modificar la forma en que se eligen los representantes al Legislativo.
Cronograma y consensos necesarios
Rivera Callejas adelantó que el objetivo es tener listo el paquete de reformas entre octubre y noviembre de este año. Sin embargo, recordó que el camino no es sencillo, ya que al tratarse de la Ley Electoral, se requiere de una mayoría calificada (86 votos) para cualquier modificación o derogación.
Para asegurar la legitimidad del proceso, se ha invitado a participar a diversas instituciones y organismos, entre ellos:
- Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
- Registro Nacional de las Personas (RNP).
- Sociedad civil: CNA y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Una comisión multipartidaria
La comisión, nombrada por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, cuenta con representación de diversas fuerzas políticas como el Partido Nacional, Partido Liberal, Libre, Pinu y la Democracia Cristiana, lo que obliga a una negociación constante para alcanzar los votos requeridos.
Este proceso de reformas electorales se perfila como uno de los desafíos legislativos más importantes del 2026, pues definirá las reglas del juego para la próxima sucesión presidencial y el equilibrio de poder en las alcaldías y el Congreso.
