
Valle.– En una enérgica gira de trabajo desarrollada este domingo en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, delineó la postura del parlamento frente a los desafíos críticos que enfrenta la nación. El alto funcionario aseveró que el Estado no puede permanecer inactivo ante la criminalidad, condicionando el suministro de herramientas jurídicas y presupuestarias a una estricta rendición de cuentas por parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la persecución penal en el territorio hondureño.
Durante su intervención, el titular del Congreso subrayó que el Organismo Legislativo brindará un respaldo absoluto a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, bajo la premisa innegociable de exigir respuestas concretas a la ciudadanía. Asimismo, advirtió que las estructuras criminales organizadas serán severamente combatidas, contemplando su tipificación como organizaciones terroristas para asegurar que sus integrantes enfrenten todo el peso de la ley en los tribunales y los centros penitenciarios del país.

En materia de políticas excepcionales, Zambrano consideró que la eventual aplicación de suspensiones de garantías constitucionales debe implementarse de manera focalizada en aquellas demarcaciones que registren los índices delictivos más elevados, descartando una aplicación generalizada. El líder parlamentario puntualizó que cualquier herramienta de esta naturaleza aprobada por el hemiciclo estará sujeta a evaluaciones periódicas rigurosas cada dos o tres meses, garantizando que su ejecución produzca el impacto esperado en la reducción de la violencia.
Finalmente, el presidente del Legislativo abordó temas de carácter socioeconómico y sanitario, señalando que las recientes reformas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) generarán efectos progresivos en la optimización del servicio y la contención de pérdidas, mientras ratificaba que la asignación presupuestaria adicional de dos millones de lempiras aprobada para el Hospital Leonardo Martínez responde a la prioridad absoluta que representa la salud pública para la administración estatal.



