Tegucigalpa, Honduras – La comisión especial del Congreso Nacional comenzará el próximo miércoles 25 de febrero la socialización del proyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial, informó el diputado Alberto Emilio Cruz, presidente de la comisión dictaminadora.
El proceso arrancará con las centrales obreras, como parte de una agenda de consultas que busca recoger aportes de distintos sectores antes de emitir el dictamen final de la iniciativa.
Sector privado y Estado entran al diálogo
De acuerdo con el calendario oficial, el jueves 26 de febrero la comisión legislativa sostendrá una reunión con el sector privado, representado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), con el objetivo de escuchar planteamientos empresariales sobre la figura del empleo a tiempo parcial.
Posteriormente, el miércoles 4 de marzo, la socialización continuará con la Secretaría de Finanzas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la Secretaría de Trabajo, en una reunión conjunta destinada a afinar criterios técnicos e institucionales.
Universidades y gremios jurídicos serán consultados
El diputado Cruz detalló que el 5 de marzo la comisión se reunirá con el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), mientras que el 11 de marzo el diálogo se ampliará a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras (Anuprih), considerando el papel de la academia en la formación y oferta laboral.
Para el 12 de marzo está prevista una reunión con juristas especializados en derecho laboral, entre ellos representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas de Honduras, con el fin de analizar implicaciones legales de la propuesta.
Posible ampliación de la socialización
Cruz no descartó que el proceso de socialización se amplíe a otros sectores, luego de que la Secretaría de Turismo y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) manifestaran su interés en aportar observaciones relacionadas con la dinámica laboral en sus áreas de influencia.
Asimismo, indicó que se solicitará la opinión legal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la que se le pedirá un plazo prudencial para emitir su criterio, al igual que al IHSS, en caso de que la institución considere necesario realizar estudios actuariales previos.
