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Condenan a más de 108 años de cárcel a implicados en la fuga de “El Porkys”

Tribunal de Sentencia establece participación directa en asesinato de policías y liberación del jefe de la MS-13

Tegucigalpa, Honduras — La Sala I del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción condenó este martes a más de 108 años de prisión a Francisco Sabillón Dubón, Carlos Alberto Cárdenas García y Franklin Eduardo Mairena Rodríguez, por su participación en la violenta fuga de Alexander Mendoza, alias “El Porkys”, cabecilla de la estructura criminal MS-13.

Hechos ocurrieron en 2020 durante una audiencia judicial

Según lo acreditado en el juicio oral y público, el 13 de febrero de 2020 un grupo de hombres encapuchados, entre ellos los ahora condenados, irrumpió en la sede del Palacio de Justicia de El Progreso, Yoro, durante una audiencia judicial de Mendoza, quien enfrentaba múltiples procesos penales. La acción armada dejó como saldo cuatro policías asesinados y permitió la fuga del peligroso líder criminal.

Condenas por múltiples delitos

El fallo judicial establece que los tres implicados son responsables de los siguientes delitos:

  • Asesinato de cuatro policías nacionales: 20 años de prisión por cada víctima, sumando 80 años de reclusión. Las víctimas fueron identificadas como Wilmer Pozo Rodríguez, Rony Mauricio Rodríguez, Albel Faviel Lanza Gallego y Gerlin Oswaldo Ríos.
  • Asociación para delinquir: 6 años.
  • Tenencia ilegal de armas: 5 años y 4 meses.
  • Tenencia ilegal de municiones: 6 años.
  • Uso indebido de uniforme, insignias y equipo de la Policía: 4 años.
  • Atentado agravado: 3 años.
  • Lesiones: 1 año.

La suma total de penas asciende a 108 años y seis meses de prisión para cada uno de los sentenciados.

Aún puede presentarse recurso de casación

El Poder Judicial informó que las partes involucradas tienen un plazo de 20 días para interponer un recurso de casación en caso de no estar conformes con el fallo emitido. La sentencia representa uno de los castigos más severos impuestos en el país en relación con hechos vinculados al crimen organizado y ataques a funcionarios policiales.

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