Tegucigalpa, Honduras. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) exhortó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a verificar la legalidad del PCM-010-2025, al tiempo que instó al Congreso Nacional a cumplir con su mandato constitucional de aprobar, modificar o improbar los decretos relacionados con la suspensión de garantías.
A través de un comunicado, el organismo reveló que, entre el 6 de diciembre de 2022 y el 31 de enero de 2025, recibió más de 700 denuncias contra agentes del orden por presuntas irregularidades cometidas en el marco del estado de excepción.
Según el Conadeh, las principales quejas incluyen allanamientos arbitrarios, daños a la propiedad privada, tortura, malos tratos, pérdida de objetos personales, uso excesivo de la fuerza, violaciones a la integridad personal y la implantación de medios probatorios.
Ante esta situación, el ente defensor de los derechos humanos subrayó la importancia de una supervisión judicial y legislativa rigurosa para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la población.
