Tegucigalpa.- La comisionada nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, advirtió este jueves que la desaparición de personas en Honduras representa una “crisis persistente” impulsada por la violencia, la migración forzada, la trata de personas y los conflictos sociales. Durante una reunión interinstitucional que congregó al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público, la defensora instó a las autoridades a fortalecer de manera urgente la respuesta estatal ante estas denuncias.
Urgencia de un marco jurídico y respuesta institucional
Izaguirre enfatizó que la incertidumbre sobre el paradero de un ser querido y la falta de respuestas gubernamentales vulneran de forma severa los derechos fundamentales a saber, a buscar y a ser buscado, calificando este fenómeno como una grave violación que impacta a toda la sociedad. En este sentido, urgió al Estado a aprobar una ley específica de protección jurídica que ampare a las personas desaparecidas y brinde apoyo integral a sus familiares, señalando que “un minuto no es solo tiempo, es la diferencia entre perder y encontrar a una persona”. Asimismo, exhortó a los entes de seguridad e investigación a implementar mecanismos de actuación inmediata.
Panorama estadístico y subregistro del fenómeno
Aunque la falta de cifras oficiales consolidadas dificulta dimensionar la magnitud real del problema, diversas organizaciones y registros forenses reflejan la gravedad de la situación. Comités de familiares de migrantes no localizados estimaban hasta mediados de 2025 alrededor de 890 casos, de los cuales 814 corresponden a ciudadanos hondureños. Por su parte, el Banco Forense mantiene documentados cerca de 1,872 perfiles genéticos de familias que continúan en la incansable búsqueda de sus seres queridos en el país.
