Luego de varias discusiones en el hemiciclo, se aprobó la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano.
Tegucigalpa. El Congreso Nacional aprobó este miércoles en su tercer debate la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano enviada por el gobierno.
El decreto busca racionalizar el gasto en las finanzas públicas. Su propósito es implementar medidas fiscales y financieras que sean necesarias.
Estas medidas son extraordinarias, excepcionales y temporales. Se aplican ante la situación actual que afecta las finanzas públicas. Están orientadas a restablecer el equilibrio económico, promover el crecimiento sostenible, impulsar el desarrollo humano, preservar el equilibrio macroeconómico y fortalecer las instituciones del Estado.
Los órganos de la administración pública central y descentralizada deben aplicar medidas en ingresos fiscales, racionalización del gasto, ordenamiento financiero y disposiciones administrativas, organizativas y sociales.
El decreto autoriza al Poder Ejecutivo a suprimir, fusionar o reducir instituciones de la administración pública descentralizada e instituciones desconcentradas. Esto puede incluir la disminución de servicios o personal con acuerdo de nombramiento o contrato por razones presupuestarias. Las indemnizaciones correspondientes serán pagadas.
Una vez realizado el pago de las indemnizaciones, este servirá como extinción de las obligaciones ante juzgados y tribunales. Si el personal se niega a recibir los fondos, estos se podrán consignar ante la autoridad administrativa o judicial.
Las alcaldías e instituciones descentralizadas también podrán aplicar estas medidas cuando les corresponda.
La ley establece que cuando haya órdenes judiciales de embargo contra el Estado, los juzgados enviarán copia de la sentencia a la Tesorería General de la República y al órgano condenado. Los montos se ajustarán según la disponibilidad presupuestaria.
En los últimos cinco años, los embargos al Estado alcanzaron cerca de 10,000 millones de lempiras, con un promedio anual de 2,000 millones. Sin embargo, solo en los primeros 15 días de gobierno, las demandas generaron un impacto superior a 3,000 millones de lempiras sobre el Tesoro General de la República.
