Tegucigalpa.- La Comisión de Defensa del Congreso Nacional emitió este lunes un dictamen favorable a una iniciativa de ley orientada a endurecer de forma severa las sanciones penales contra quienes atenten contra miembros de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad pública y operadores de justicia en el ejercicio de sus funciones. La propuesta jurídica, presentada originalmente por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, busca blindar legalmente a los servidores estatales que combaten la criminalidad organizada.
El presidente de la Comisión de Defensa, Kilvett Bertrand, explicó que la reforma plantea incorporar tres nuevos artículos al Código Penal vigente. Estas adiciones normativas tienen como propósito castigar con el máximo rigor de la ley penal los ataques dirigidos hacia policías, militares, agentes penitenciarios, investigadores criminales, fiscales, jueces y magistrados, siempre que dichas agresiones estén directamente vinculadas a su cargo o busquen socavar la autoridad legítima del Estado de Honduras.
Prisión perpetua, actos preparatorios y penas por tentativa
La modificación estructural al Código Penal introduce nuevas figuras delictivas y escalas de condena sumamente rigurosas para los infractores:
- Artículo 540-A (Prisión perpetua): Establece la pena de reclusión de por vida para cualquier persona que dé muerte a un miembro de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, agentes del orden, investigadores, fiscales o personal judicial por razón de sus funciones.
- Artículo 540-B (Actos preparatorios): Sanciona con penas que oscilan entre los 20 y 25 años de cárcel la conspiración, proposición o provocación para cometer dichos atentados, incluyendo el aumento de castigo si intervienen bandas organizadas o si se contratan sicarios.
- Artículo 540-C (Grado de tentativa): Define condenas específicas que van desde los 20 hasta los 28 años de prisión para quienes ejecuten la tentativa del delito, dependiendo del nivel técnico de desarrollo del hecho criminal.
- Sin fueros de privilegio: El diputado Bertrand aclaró de forma contundente que la ley no crea una clase social privilegiada, sino que reconoce y mitiga de manera proporcional el alto nivel de riesgo que corren estos servidores en sus asignaciones diarias.
Dictamen enviado al pleno del Poder Legislativo para su votación
El parlamentario por el departamento de Francisco Morazán, Kilvett Bertrand, informó de manera oficial que el dictamen favorable ha sido remitido formalmente a la Secretaría del Congreso Nacional. Corresponderá a esta instancia calendarizar la fecha idónea en que el proyecto de ley será introducido formalmente al pleno de diputados para su correspondiente debate, discusión y votación definitiva. El legislador concluyó reiterando que la reforma penal representa un espaldarazo institucional y una clara demostración de voluntad política para salvaguardar a quienes arriesgan sus vidas portando un uniforme, dejando en manos de los jueces de la república la responsabilidad de analizar las agravantes particulares de cada caso para aplicar con rigurosidad las sanciones correspondientes.
