El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este sábado la ampliación de los plazos legales para solicitar nulidades administrativas y revisiones especiales de votos, como respuesta a los retrasos en el procesamiento de los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.
La decisión fue tomada en medio de cuestionamientos de partidos políticos y sectores de la sociedad civil, luego de que la plataforma oficial de divulgación de resultados presentara interrupciones prolongadas y no permitiera el acceso continuo a la información electoral preliminar.
Según un comunicado oficial, el órgano electoral reconoció que las fallas técnicas y la indisponibilidad del sistema impidieron a los actores políticos ejercer plenamente sus derechos dentro de los tiempos originalmente establecidos por la ley.
Plazos ampliados por tipo de recurso
Para las solicitudes de nulidad administrativa, el CNE concedió una prórroga de dos días y medio calendario, fijando como nueva fecha límite el lunes 8 de diciembre a las 12:00 del mediodía.
En cuanto a las revisiones y recuentos especiales de votos, el organismo otorgó un plazo adicional de cinco días calendario, por lo que estas solicitudes podrán presentarse hasta el lunes 15 de diciembre a las 12:00 de la medianoche.
El ente electoral explicó que la medida busca garantizar el debido proceso, la equidad entre los contendientes y la transparencia del proceso electoral, en un contexto marcado por la lentitud en la actualización de actas y la caída intermitente del sistema de consulta pública.
Retrasos elevan tensión poselectoral
La ampliación de los plazos se da en medio de un ambiente poselectoral tenso, donde las diferencias entre los principales candidatos siguen siendo objeto de escrutinio público. Dirigentes políticos han expresado preocupación por la falta de información oportuna y han exigido mayor claridad en el manejo de los datos.
Expertos consultados consideran que la decisión del CNE es una salida necesaria ante las circunstancias, aunque advierten que los retrasos prolongados pueden debilitar la confianza ciudadana si no se acompañan de explicaciones técnicas claras y cronogramas públicos.
