Tegucigalpa, Honduras – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) lanzó una serie de advertencias técnicas ante la discusión en el pleno del Congreso Nacional de Honduras del proyecto denominado Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, al considerar que su aprobación, en los términos actuales, podría generar efectos contrarios al orden constitucional.
A través de un pronunciamiento público difundido en sus redes sociales, el CNA llamó a los diputados a analizar con detenimiento el contenido de la iniciativa para evitar perjuicios a la clase trabajadora y posibles vulneraciones a derechos fundamentales.
Eficiencia estatal no debe debilitar garantías constitucionales
El organismo anticorrupción dejó claro que no cuestiona la facultad del Estado para reorganizar su estructura administrativa ni para racionalizar el gasto público.
No obstante, advirtió que cualquier proceso de reforma debe realizarse respetando los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico.
En ese sentido, subrayó que la eficiencia administrativa no puede construirse a costa del debilitamiento de garantías constitucionales, especialmente aquellas vinculadas a la protección de los derechos laborales y el acceso a la justicia.
Riesgos al derecho de tutela judicial efectiva
Uno de los principales señalamientos del CNA se centra en que el proyecto autoriza reducciones forzosas de personal, tanto de empleados por contrato como por acuerdo de nombramiento.
Aunque la propuesta contempla el pago de indemnizaciones conforme a la ley, también restringe el ejercicio de acciones judiciales y suspende mecanismos de control administrativo.
El CNA advirtió que esta combinación podría dejar a los empleados públicos cancelados sin vías reales para impugnar decisiones irregulares, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
A su criterio, una reforma administrativa no puede traducirse en la suspensión práctica de derechos fundamentales.
Amplia discrecionalidad para anular actos administrativos
El análisis técnico también señala que el proyecto otorga al Poder Ejecutivo la facultad de anular o rescindir actos administrativos previos, como contratos, licencias o resoluciones, bajo criterios que podrían ser interpretados de forma discrecional.
Según el CNA, la ausencia de parámetros claros y de control jurisdiccional posterior podría convertir al Ejecutivo en juez y parte, debilitar el debido proceso y generar inseguridad jurídica para ciudadanos y empresas que mantienen relaciones contractuales con el Estado.
“La corrección de actos ilegales debe realizarse mediante los procedimientos que ya establece la ley”, recordó el organismo.
Vacíos en la jurisdicción contencioso-administrativa
Otra de las alertas apunta a la suspensión del artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuya redacción —según el CNA— no define con claridad su alcance ni sus efectos.
El ente advirtió que esta disposición podría permitir que, ante el cierre o supresión de instituciones, no exista continuidad en la responsabilidad procesal del Estado, dejando en indefensión a personas o entidades que interpongan demandas.
Para el CNA, cualquier reorganización institucional debe garantizar que no se evada la responsabilidad jurídica ni se limite el acceso a la justicia.
