Tegucigalpa, Honduras
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), ha presentado un recurso de apelación en busca de revocar el sobreseimiento definitivo y solicitar un auto de formal procesamiento contra el expresidente Porfirio ‘Pepe’ Lobo Sosa por el delito de fraude en el caso Pandora II. Además, se busca un auto de formal procesamiento por fraude contra Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, extitular de la Secretaría de Finanzas.
En este proceso, se decretó sobreseimiento por fraude para implicados como el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit, y la exgerente administrativa de Sefin, Lilia Bográn. En el caso de James Aldana, exgerente administrativo de Sefin, se dictó un auto de formal procesamiento por fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
La investigación de la Uferco revela que estos exfuncionarios formaron parte de una red de corrupción entre 2010 y 2013, facilitando la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos que superaron los L288 millones. Estos fondos fueron autorizados a fundaciones como Todos Somos Honduras y Dibattista por instituciones públicas como el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y Banadesa.
El expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, actualmente extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, también está implicado en este caso, presuntamente recibiendo al menos L62 millones para financiar su campaña política a través de empresas fantasmas y contratos ficticios. Estos fondos provendrían de desembolsos realizados desde instituciones públicas a las fundaciones mencionadas, siendo parte de los movimientos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”, así como a la sociedad mercantil “La Cachureca” y sus gerentes de campaña departamentales.
Las investigaciones señalan la participación directa del expresidente Lobo Sosa en las ampliaciones presupuestarias, facilitando los desembolsos a las fundaciones mediante el traslado de fondos entre secretarías. Wilfredo Cerrato, por su parte, se le atribuye la aprobación de una ampliación de L35 millones destinados a la fundación Todos Somos Honduras.
Cabe destacar que el requerimiento fiscal ha sido presentado en la Corte Suprema de Justicia, considerando la condición del expresidente Hernández Alvarado, actualmente diputado del Parlamento Centroamericano. Se ha emitido una orden de captura contra un octavo coimputado que no se presentó a la audiencia de declaración de imputado.
Lea también:
