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Auto de formal procesamiento a implicado por caso del Parque “Carlos Escaleras”

Tegucigalpa, Francisco Morazán – La Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA) ha logrado un auto de formal procesamiento con medidas en contra de Mizrain Ebiazaf Tábora Izaguirre, acusado por el delito de usurpación de funciones públicas, en perjuicio del Estado de Honduras.

Según la investigación dirigida por la FEMA, Tábora Izaguirre, en su rol de técnico ambiental de la Unidad Municipal de Tocoa (UMA), autorizó la continuación de obras a dos compañías mineras que operaban en el Parque Nacional “Carlos Escaleras”, específicamente en la montaña Botaderos, dedicadas a la extracción de material metálico.

El caso data de abril de 2018, cuando se otorgó un permiso para la tala de 362 árboles en la aldea Ceibita, Tocoa, Colón, así como la autorización para el corte de 80 palmas con el fin de ampliar una carretera en el proyecto minero.

Sin embargo, al verificar las coordenadas de los permisos, se descubrió que las autorizaciones fueron emitidas fuera del perímetro urbano del municipio de Tocoa, lo que contraviene la normativa vigente según el acta 67-2008 de la municipalidad.

Graves daños ambientales y económicos

El avance de estas obras ha tenido consecuencias devastadoras en la zona, como la reducción de áreas boscosas, erosión del suelo, fragmentación del ecosistema y afectación en la calidad y disponibilidad del agua.

Además, los daños económicos derivados de la tala de árboles ascienden a un estimado de un millón de lempiras, lo que perjudica directamente a las comunidades aledañas.

Próximos pasos legales

Cabe mencionar que Mizrain Ebiazaf Tábora Izaguirre se presentó voluntariamente a la audiencia inicial. Su defensa presentó como garantía una caución hipotecaria, consistente en dos propiedades, y una caución de depósito por 500,000 lempiras. La audiencia preliminar ha sido fijada para el 19 de noviembre de 2024, a las 8:00 a.m.

Este caso es parte del compromiso de la FEMA por proteger los recursos naturales y perseguir a quienes, bajo el amparo de sus funciones, causan daños al medio ambiente en detrimento del bienestar de la población hondureña.

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