La Corte Federal del Distrito Sur de Florida reprogramó la audiencia de sentencia de Francisco Roberto Cosenza, exdirector ejecutivo de la Tasa de Seguridad Poblacional (TASA) de Honduras, para el próximo 5 de mayo de 2026. Originalmente, la presentación estaba prevista para el 18 de marzo, pero fue pospuesta por decisión del tribunal, según información oficial disponible sobre el caso.
Cosenza enfrenta cargos relacionados con contratos millonarios vinculados a la fabricación y suministro de uniformes y equipo para fuerzas de seguridad, por un monto superior a 10 millones de dólares. Estos contratos formaron parte de un esquema de corrupción internacional que involucró a funcionarios hondureños y empresarios extranjeros.
Posibles penas y antecedentes del caso
La Fiscalía de Estados Unidos estima que Cosenza podría enfrentar hasta 10 años de prisión, aunque la sentencia final será determinada por el juez durante la audiencia reprogramada. Este proceso judicial forma parte de una investigación por sobornos y lavado de activos derivados de fondos públicos hondureños.
Cosenza se declaró culpable en agosto de 2025 y se encuentra en espera de que se defina su condena. Su caso sigue los pasos de otros implicados en el mismo esquema, como el empresario Carl A. Zaglin, condenado a 8 años en diciembre de 2025, y Aldo N. Marchena, sentenciado a 84 meses en noviembre de 2025.
Extradición y contexto internacional
El exfuncionario fue extraditado a Estados Unidos el 4 de abril de 2024 y admitió haber participado en la conspiración para lavar dinero y recibir sobornos ligados a la adjudicación irregular de contratos públicos durante su gestión en la TASA.
Este caso evidencia cómo la corrupción en instituciones de seguridad puede tener alcance internacional, involucrando procesos legales en más de un país y subrayando la importancia de la cooperación judicial entre Honduras y EE. UU..
