En una dolorosa revisión de la historia penitenciaria de Honduras destaca una serie de eventos trágicos que han marcado al país con la pérdida de 582 vidas humanas. Desde la granja penal de El Porvenir en 2003 hasta el más reciente incidente en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en junio de 2023, los hechos han dejado una estela de muerte y desolación que alertan sobre la urgente necesidad de reformas, advirtió este jueves la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en el conversatorio Cada vida cuenta: Justicia para las 46.
En el PNFAS, un motín escaló a una violenta batalla que terminó en un incendio que cobró la vida de 46 mujeres privadas de libertad. Los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones resaltan la alarmante falta de seguridad y resguardo en los centros penitenciarios, subrayando la necesidad urgente de reformas en el sistema carcelario.
Durante el evento, el capítulo hondureño de Transparencia Internacional reveló que ese centro carcelario tenía una población de 912 privadas de libertad, lo que representaba una sobrepoblación de 462 y que, el día de la tragedia, mujeres con pasamontañas sometieron a las policías penitenciarias de turno, las tomaron de rehenes, inhabilitaron las cámaras y rompieron los portones para ingresar a los hogares donde cometieron los asesinatos a sangre fría. Tras el hecho se decomisaron armas de fuego, cuchillos, objetos cortopunzantes, bisturíes y hasta tijeras.
En ese sentido, expertos alertan sobre la falta de asignación presupuestaria para mejorar el sistema penitenciario, la carencia de capacitación en derecho penitenciario para el personal directivo, la insuficiencia de personal -especialmente para las mujeres privadas de libertad- y la ausencia de una clasificación efectiva de según delito, edad, salud, etc.
La situación no es única en Honduras, que tiene 170 privados de libertad por cada 100 mil habitantes, sino que es un reflejo de los problemas persistentes en toda la región centroamericana. Los sistemas penitenciarios en países como Guatemala, El Salvador y México también han sido escenario de tragedias similares, con enfrentamientos entre pandillas, motines y fugas masivas que resaltan la fragilidad institucional.
Los datos comparativos entre los países de la región son reveladores. Los altos índices de encarcelamiento en el Triángulo Norte de Centroamérica ponen de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de las políticas penitenciarias. El hacinamiento, la violencia y la falta de programas efectivos de rehabilitación han contribuido a la crisis actual.
Ante esta situación, expertos en derechos humanos y seguridad penal hacen un llamado urgente a la implementación de reformas integrales en el sistema penitenciario de Honduras. Se destaca la necesidad de una mayor inversión en infraestructura, capacitación del personal penitenciario, programas de rehabilitación y la creación de centros penitenciarios de máxima seguridad.
La tragedia en el PNFAS ha sacudido a la sociedad hondureña y ha puesto en evidencia la necesidad de actuar de manera decisiva para prevenir futuras pérdidas de vidas humanas en las cárceles. Se espera que este evento doloroso sea un punto de inflexión que impulse reformas reales en el sistema penitenciario de Honduras y en la región, con el objetivo de garantizar la seguridad y la dignidad de las personas privadas de libertad.
Cabe mencionar que para “resarcir los daños” el gobierno de Honduras destinó una ayuda de 50 mil lempiras y un féretro a cada familia de las fallecidas; sin embargo, a la fecha 13 familias no la han recibido.
Honduras cuenta actualmente con 28 centros penitenciarios, con una población de 17,665 personas privadas de libertad, de las cuales el 52 % se encuentra en condición de procesadas y 48 % en condición de condenadas.
