Tegucigalpa.- A escasos veintiún días de la promulgación oficial de la Ley de Justicia Energética, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este martes un innovador observatorio digital orientado a fiscalizar el cumplimiento de cuarenta y dos mandatos estructurales estipulados en la normativa, revelando que gran parte de los compromisos gubernamentales aún permanecen en fase de inactividad o carecen de transparencia pública.
Durante el lanzamiento de la plataforma adscrita a la iniciativa Potencia Honduras, los directivos de la organización civil detallaron que el instrumento digital categoriza las obligaciones estatales en siete ejes temáticos fundamentales, permitiendo a la ciudadanía auditar el estatus, los plazos y la evidencia institucional de cada disposición orientada al rescate financiero del sector eléctrico nacional.
La herramienta tecnológica emerge en un escenario de profunda crisis para los abonados, sustentado por datos del Termómetro de País que señalan que el 87 % de los usuarios padece interrupciones semanales del servicio, acumulando un promedio regional crítico de 165 horas sin fluido eléctrico durante el periodo precedente, mientras millonarios recursos fiscales continúan subvencionando el déficit operativo de la estatal eléctrica.
Ante este panorama, el capítulo nacional de Transparencia Internacional advirtió que vigilará prioritariamente la contención de las pérdidas técnicas y no técnicas que ascienden al 34.4 % con un impacto diario superior a los cincuenta millones de lempiras, la licitación oportuna de potencia prevista para el año venidero y la sostenibilidad financiera de las nuevas subsidiarias corporativas de la ENEE.
