Tegucigalpa, Honduras
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha presentado su segundo informe titulado ‘La CICIH en Honduras, del dicho al hecho’, donde detalla el estado actual de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
En un comunicado emitido este martes, ASJ lamentó que, a pesar de haber transcurrido quince meses desde la firma del memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Honduras y Naciones Unidas para la instalación de la CICIH, solo se hayan cumplido 7 de los 26 compromisos adquiridos.
El análisis realizado por el capítulo local de Transparencia Internacional resalta la necesidad de avanzar en la lucha contra la corrupción y la creación de un sistema gubernamental más inclusivo hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.
En su evaluación de 2023, ASJ encontró que solo tres de los acuerdos habían sido cumplidos, mientras que 23 permanecían pendientes. A principios de 2024, esta cifra se incrementó a siete, dejando aún 19 compromisos por resolver.
A pesar de las cuatro visitas de expertos internacionales al país para evaluar el contexto nacional y formular recomendaciones previas a la instalación, la segunda extensión del memorándum vence en junio próximo sin que se haya mostrado voluntad política, incumpliendo una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro en la lucha contra la corrupción.
El memorándum de entendimiento se divide en dos etapas, donde solo uno de cinco acuerdos de la primera etapa ha sido cumplido completamente, y ninguno de los dos acuerdos de la segunda etapa ha sido cumplido hasta el momento.
ASJ identificó que el ordenamiento jurídico hondureño presenta obstáculos para la instalación de la CICIH, siendo denunciados por la sociedad civil y diversas instituciones. Aunque se han eliminado cinco de los siete obstáculos identificados, se han creado nuevos mecanismos que perpetúan prácticas del pasado que impiden la instalación de la comisión.
Además, se identificaron 12 reformas y aprobaciones complementarias para combatir la corrupción, todas pendientes de implementación, evidenciando una falta de avance en la voluntad política para abordar este problema.
Desde la sociedad civil, ASJ destacó la urgencia de eliminar prácticas políticas que fomentan la corrupción en el país, como la secretividad, el fondo departamental rebautizado como subvenciones y las amnistías.
En este contexto, ASJ recomendó al gobierno crear las condiciones necesarias para que la instalación de la CICIH sea independiente, autónoma y garantice un funcionamiento integral en términos de investigación, judicialización y obtención de condenas en casos de gran corrupción.
Lea también:
