Tegucigalpa, Honduras – El Congreso Nacional aprobó una reforma a la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados, que permitirá aplicar descuentos del 25 % para personas de la tercera edad y 35 % para los de la cuarta edad, sin importar si son jubilados o pensionados, en el pago de servicios básicos e impuestos en Honduras.
Esta reforma al artículo 31 de dicha ley amplía los beneficios para este sector de la población, garantizando rebajas importantes en el pago mensual de servicios esenciales prestados por empresas públicas, privadas o de capital mixto.
¿En qué servicios aplican los descuentos?
De acuerdo con lo aprobado por el Congreso, los descuentos beneficiarán a adultos mayores en los siguientes rubros:
Energía eléctrica: Cualquier monto mensual en la factura será sujeto al descuento, independientemente del proveedor del servicio.
Servicios de comunicación: Incluye telefonía fija, móvil, internet y otros similares.
Agua potable y televisión por cable.
Impuesto de salida por servicios aeroportuarios.
Impuesto sobre bienes inmuebles: Siempre que el recibo esté a nombre del titular del inmueble habitado por el beneficiado.
Estos beneficios aplican tanto a personas jubiladas y pensionadas como a quienes no lo están, siempre y cuando pertenezcan a la categoría de tercera o cuarta edad, según lo establece la ley.
Fiscalía y SDE vigilarán cumplimiento
La reforma también obliga a la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor a realizar inspecciones periódicas en comercios, instituciones públicas y empresas privadas a nivel nacional, con el fin de verificar que se estén aplicando correctamente los descuentos.
Además, el Congreso Nacional solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) establecer un mecanismo ágil para que los adultos mayores puedan presentar denuncias en caso de que alguna institución, empresa o entidad no cumpla con los beneficios establecidos.
Medida busca aliviar carga económica de los adultos mayores
Con esta reforma, el Legislativo busca aliviar la carga económica de los adultos mayores, quienes en muchos casos enfrentan altos costos en servicios esenciales sin contar con ingresos suficientes para afrontarlos.
La medida ha sido bien recibida por sectores sociales que desde hace años venían exigiendo una mayor protección y reconocimiento de los derechos económicos de las personas mayores en el país.
