El Congreso Nacional aprobó este proyecto para que exista una verdadera justicia en el país, confirmaron algunos diputados.
Tegucigalpa. El Congreso Nacional aprobó este martes una iniciativa que quita a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, la facultad de hacer nombramientos, traslados y cancelaciones dentro del Poder Judicial.
La propuesta fue modificada antes de su aprobación. Se estableció que, mientras se eligen los miembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, será el pleno de magistrados de la Corte el que tome estas decisiones de forma colegiada. Es decir, los magistrados en conjunto podrán seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y permutar jueces, magistrados, defensores públicos y personal administrativo.
En cuanto a temas disciplinarios y despidos, el pleno deberá aprobar un mecanismo para que al menos tres magistrados propietarios conozcan estos casos.
El decreto señala que la presidencia de la Corte seguirá ejerciendo funciones administrativas, pero deberá contar con la aprobación del Plan Operativo Anual por parte del pleno y rendir informes cada tres meses. Las decisiones serán válidas con el voto favorable de la mitad más uno de los magistrados.
Reacciones del debate
El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, presentó la moción para dispensar el segundo debate y discutir solo el tercero. Argumentó que se están realizando nombramientos de jueces sin concurso y al margen de la ley.
Cálix explicó que se reforman los decretos 282-2010 y 05-2011 porque, según dijo, otorgan poderes extraordinarios a una sola persona.
Por su parte, el diputado de Libertad y Refundación, Fabricio Sandoval, presentó una moción de orden para detener la discusión, pero no fue aceptada. El legislador calificó la medida como un “golpe de Estado” contra la Corte Suprema y sostuvo que se requiere una reforma constitucional para hacer estos cambios. Además, denunció que se vulnera la institucionalidad por intereses políticos.
Sandoval pidió que se nombre una comisión del Congreso para reunirse con el pleno de magistrados y trabajar en la creación del Consejo de la Judicatura.
En el debate, Zambrano reconoció que en el pasado se declaró inconstitucional el Consejo de la Judicatura por razones políticas. Señaló que ahora se activa una norma de carácter transitorio para regular las facultades administrativas de la presidencia de la Corte, y aclaró que la reforma aprobada no es de rango constitucional.
Finalmente, el Congreso nombró una comisión especial que se reunirá con el pleno de magistrados para socializar y elaborar la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
