Tegucigalpa, Francisco Morazán.– La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de la Sección de Muertes cometidas por Estructuras Criminales Organizadas, presentó 94 medios probatorios contra siete integrantes de la pandilla 18, presuntamente responsables del asesinato de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Los crímenes ocurrieron la mañana del 20 de junio de 2023.
La sala II del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa fijó el juicio oral y público para las acusadas entre el 25 y 29 de noviembre de 2024.
Las imputadas son Kenia Patricia Salinas Rivera, alias “La Tremenda”; María del Carmen Contreras Castillo; Lourdes Eloísa Barrientos Turcios; Rosa Bertha Marroquín Almendares, alias “La Nena”; María Cristina Cálix Salinas, alias “La Fuga”; Any Dayann Barahona Mejía, alias “La Vagabunda”; y Dania Jakeline Maradiaga Flores, alias “La Inquieta”.
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Ese mismo día, también se llevará a cabo el juicio contra otras ocho acusadas: Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva y Francis Margarita Chavarría Ávila. Todas están imputadas como coautoras de los delitos de asesinato, asociación para delinquir, incendio cualificado, y porte ilegal de armas, tanto prohibidas como permitidas.
Según las investigaciones de la FEDCV y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el ataque ocurrió alrededor de las 7:45 a.m. cuando las acusadas, armadas con pistolas, armas prohibidas y objetos contundentes, sometieron a cuatro policías penitenciarias y tomaron control de los módulos 6 y 7.
Tras despojar a las guardias de las llaves y encerrarlas, las pandilleras ingresaron a los módulos donde se encontraban reclusas vinculadas a la mara Salvatrucha (MS-13), y perpetraron los asesinatos.
Las acusadas lograron introducir al penal armas de fuego, incluyendo pistolas de diferentes calibres, fusiles y subametralladoras, algunas de estas pertenecientes a la Policía Nacional.
El Ministerio Público reafirma su compromiso de investigar todas las muertes en los centros penitenciarios, destacando que el derecho a la vida es inviolable y debe ser respetado en cualquier circunstancia.
